Confusión en la comarca de Els Ports por la continuidad de las guarderías rurales en el interior de Castellón
Los ayuntamientos lamentan la incertidumbre sobre el futuro de las unidades de conciliación familiar
La Conselleria de Educación remarca que estos recursos son "competencia" de la Diputación, pero asegura que no se perderán servicios
Desde la institución provincial garantizan que no se van a cerrar y reivindican el aumento de presupuesto

Foto de la unidad de conciliación familiar de Olocau del Rey. / Javier Ortí
La comarca de Els Ports ha vivido días de incertidumbre por las dudas sobre la continuidad de las unidades de conciliación familiar (UCF), que son un servicio esencial en municipios pequeños como Forcall, la Mata, Olocau, Cinctorres y, en l'Alt Maestrat, Benassal.
Sin embargo, después de diversas reuniones y contactos institucionales, fuentes consultadas por Mediterráneo confirman que estas guarderías rurales continuarán prestando servicio, al menos de forma provisional, en enero. Es un mes a partir del cual ayuntamientos y familias temían que pudiera llegar su cierre y eso significara que los alumnos pasasen a estar escolarizados en los colegios rurales agrupados (CRA), tal como en un primer momento habían trasladado a algunos consistorios.
Según ha podido saber este diario, la Dirección Territorial de Educación ha contactado este martes con algunos de los ayuntamientos implicados para lanzar un mensaje de tranquilidad ante el fuerte revuelo generado en los municipios.
Respuesta de la Conselleria de Educación
Desde la Conselleria de Educación esgrimen que estas UCF son "actuaciones subvencionadas cuya competencia corresponde a la Diputación" y reivindican, en el marco de su línea estratégica orientada al "fomento y consolidación de medidas educativas en zonas rurales y en riesgo de despoblación", que la Generalitat "continúa ampliando la oferta de plazas y niveles del primer ciclo de educación infantil (0-3 años) en esa comarca, así como en el conjunto de la Comunitat Valenciana".
Fuentes del departamento autonómico que dirige José Antonio Rovira añaden que las medidas impulsadas por la Diputación "tienen un carácter complementario respecto al servicio educativo prestado por la Conselleria" y aseguran que "en ningún caso suponen una reducción de servicios, sino que contribuyen a la mejora, fortalecimiento y ampliación de los recursos disponibles" para la atención educativa y la conciliación familiar en el ámbito rural.
Apuesta firme de la Diputación
Este mensaje de calma también llega desde la Diputación, entidad que inyecta fondos y financia estas unidades. Desde el organismo provincial garantizan que estas guarderías rurales "no se cerrarán y se mantendrán" y subrayan el incremento de presupuesto de la partida que engloba a estas unidades de conciliación familiar, que crece 200.000 euros y pasa de 3 a 3,2 millones de euros para el 2026, lo que refuerza la continuidad del servicio más allá del inicio del próximo año.
"Son recursos educativos que resultan cruciales para posibilitar la conciliación de las familias", recalcan desde la institución provincial.

Foto de archivo de una unidad de conciliación familiar en el interior de Castellón. / Mediterráneo
Reacciones de los alcaldes
A pesar del anuncio de la continuidad de estas unidades de conciliación familiar, la preocupación sigue presente entre los municipios potencialmente afectados. Los alcaldes denuncian que el posible cierre ha generado una gran zozobra en las familias, que dependen de estas guarderías rurales para conciliar vida laboral y cuidados infantiles.
En Forcall, su alcalde, Santi Pérez (PSPV), recuerda que la comunicación inicial sobre el cierre se produjo sin margen de reacción y con un fuerte impacto en los hogares y en el empleo local. "No tenemos nada por escrito, nos trasladan un mensaje en una reunión y ahora parece que reculan, pero no tenemos nada oficial", esgrime.
La primera edila de Cinctorres, Mireia Mestre (APC), califica la medida inicial de "incomprensible" y destaca que suponía la pérdida de un puesto de trabajo y un perjuicio directo para cuatro familias en el pueblo.
En Olocau, su munícipe, Sergio Guillén (PSPV), insiste en que no han recibido notificación formal alguna y critica la improvisación. Cinco niños y una trabajadora dependen de la unidad local.
Y desde Benassal, su alcaldesa, Elia García (PSPV), señala que el Ayuntamiento sigue sin comunicación oficial de forma directa. Tanto ella como otros ediles subrayan que la información les está llegando únicamente "a través de compañeros".
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