Sin solución para las calles de Pla del Sol de l'Alcora, salvo hacer un PAI pagado por los vecinos
Los residentes reivindican una intervención municipal para poder, al menos, asfaltar las calles, pero la titularidad de los viales lo impide

Una de las calles de la urbanización Pla del Sol de l'Alcora tras un episodio de lluvias. / MEDITERRÁNEO
De manera periódica, los residentes en la urbanización Pla del Sol de l'Alcora apelan al Ayuntamiento para dar solución a la urbanización de sus calles, que llevan desde que se construyó en la zona sin asfaltar. En el último pleno volvió a surgir esta problemática, y la respuesta varió poco de la que vienen recibiendo. Su petición, aducen desde el consistorio, no es posible.
La historia de esta urbanización es muy similar a la de tantas otras zonas residenciales repartidas a lo largo y ancho del territorio provincial y autonómico, ubicadas en áreas sin desarrollar, pero en las que en su día se permitió construir sin una regulación adecuada.
En la actualidad, Pla del Sol es un núcleo poblacional consolidado, a cinco kilómetros del casco urbano, que cuenta con algo más de 90 viviendas habitadas en su mayoría de manera habitual, como primera residencia, y pese a que cuentan con suministro de agua potable y alumbrado público, autorizado en su momento por el consistorio, carecen de servicios esenciales como el alcantarillado y, como ya se ha mencionado, los viales que dan acceso a las casas, son más caminos que calles, pues están sin asfaltar.
Su calificación dentro del PGOU es de suelo residencial programado, es decir, se considera que todavía no está desarrollado, y como tal, los vecinos pagan una contribución «menor de la que pagarían en cualquier otra zona del municipio», precisa el alcalde, Samuel Falomir.
«Pagamos IBI de urbana»
El presidente de la asociación vecinal, Manuel Sánchez, explica que pagan esa contribución desde el año 1995, y creen que por esa razón, deberían reconocérseles unos mínimos derechos. Entre ellos, a su modo de ver, estaría que su Ayuntamiento facilitara el asfaltado.
Y es que, según exponen, el problema más habitual al que tienen que hacer frente tiene que ver con la accesibilidad, que se vuelve prácticamente imposible cuando llueve, sobre todo si las precipitaciones son abundantes. Las calles se inundan «y hay que coger el coche hasta para tirar la basura», describe una de las vecinas.
Manuel Sánchez defiende que los afectados «no pedimos nada gratis», son conscientes de que las calles son de titularidad privada y esa es la razón por la que el Ayuntamiento no interviene. «No hay una manera legal de hacerlo», argumenta el alcalde, quien además incide en que «se le ha explicado a los vecinos muchas veces».
Desde Pla del Sol han propuesto diferentes opciones. Una de ellas fue que los residentes podían asumir la inversión necesaria para realizar la instalación del agua, mientras que el Ayuntamiento pagaba el asfaltado, pero tampoco pudo ser. Plantean una inversión municipal sufragada con contribuciones especiales, pero las leyes urbanísticas, en este caso, tampoco permitirían esa posibilidad.
El alcalde recuerda que una sentencia judicial, tras una denuncia vecinal, dejó claro que el Ayuntamiento no puede invertir en unos terrenos de titularidad privada
Samuel Falomir asegura que «la única opción es que los afectados realizaran un PAI sufragado por ellos, pero saben que eso les costaría mucho dinero, y esa es la razón por la que todo sigue igual». Afirma que «soy el primero preocupado por esta situación que afecta a vecinos de l'Alcora, pero no hay opciones legales y una sentencia judicial ya lo dejó claro hace unos cuatro años».
Hace referencia a la denuncia que presentaron en su día los residentes contra el Ayuntamiento, con el propósito de conseguir que la Justicia obligara al municipio a urbanizar, «y confieso que me habría gustado que un juez hubiera visto una posibilidad, pero no fue así. Al contrario, la sentencia fue tajante, el Ayuntamiento no puede intervenir en terrenos privados».
El ejemplo de la Real Fábrica
En referencia a lo debatido en el último pleno, Falomir recuerda el ejemplo que puso para explicar la complejidad del problema, el de la calle que habitualmente se utiliza para acceder a pie a la Real Fábrica. «Se trata de un tramo privado, pertenece a una comunidad de vecinos, y aunque desde el Ayuntamiento tenemos mucho interés en poder actuar, porque no da buena imagen al acceso a un elemento patrimonial tan importante, no podemos hacerlo, ni tan siquiera se nos permite expropiar, por la calificación que tienen esos terrenos», resume.
En definitiva, pese a los problemas del vecindario y sus persistencia a la hora de pedir una solución intermedia entre el desarrollo de un PAI, por el elevado coste que supondría, y quedarse como están, desde el Ayuntamiento insisten en que la legalidad urbanística actual no da margen. Incluso «tengo serias dudas de que pudiera permitirse a los residentes asfaltar ellos mismos las calles, sería una obra que no podría autorizarse sin que hubiera una planificación urbanística previa».
«De vez en cuando, con maquinaria y personal de la brigada, pasamos y tratamos de hacer algunos arreglos, porque no se está generando una contratación ni una factura, es la única manera que tenemos de mejorar la situación, pero no se puede hacer más», describe el alcalde, quien señala que «precisamente, esta semana hemos arreglado los baches del Camino Viejo de Castellón, que sí es de titularidad pública», el vial que da acceso a la zona residencial, donde también se encuentran los contenedores de basura que dan servicio a los vecinos.
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