El Prat de Cabanes-Torreblanca, en riesgo: vecinos y agricultores alertan de la salinización del humedal por la extracción de turba

Vecinos, agricultores y propietarios de terrenos del entorno del parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca han dado un paso más en su oposición a la extracción de turbas y alertan de que esta actividad está provocando la salinización del humedal y una afección directa al acuífero de agua dulce que alimenta el espacio protegido.

Tras años de inquietud por el impacto ambiental que provoca la empresa promotora a través de esta actividad, según advierten, residentes y afectados han presentado varios escritos a la Generalitat e incluso un concejal de Cabanes ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para dar parte de esta "barbaridad" y "atentado".

Y recalcan que la fábrica de la compañía, que planea extraer turba a través de tres nuevas concesiones, está situada en suelo rústico protegido no urbanizable, "no posee ningún tipo de licencia (ni de actividad, ni de obras, ni ambiental".

Aparición de aguas salobres

Las quejas ciudadanas sostienen que las excavaciones asociadas a la explotación de turba, algunas de ellas muy próximas al dominio público marítimo-terrestre, están haciendo aflorar aguas salobres, alterando el equilibrio hidrológico del Prat y transformando de forma irreversible el humedal. En consecuencia, alertan de que las balsas resultantes de esa extracción presentan niveles de salinidad elevados, incompatibles con el mantenimiento del ecosistema original.

En un escrito dirigido a la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat, una vecina de Torreblanca, propietaria de varias parcelas dentro del parque natural, atribuye a la extracción de turba la salinización progresiva del parque natural y la destrucción de un acuífero de agua dulce con un caudal anual estimado en 37 hectómetros cúbicos. La denunciante expone que la transformación de terrenos con vegetación y turberas en lagunas de varios metros de profundidad ha supuesto también la pérdida de fincas privadas y un cambio sustancial del hábitat, sin que, a su juicio, se haya acreditado una restauración ambiental efectiva.

Vecinos y agricultores ponen en entredicho, además, la legalidad de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) que han amparado la actividad, especialmente la emitida en diciembre de 2023. En los escritos se señala la ausencia de informes específicos de organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como la falta de una evaluación detallada sobre los efectos de la explotación en la Red Natura 2000, pese a tratarse de un espacio protegido y de un hábitat de interés comunitario.

Denuncia ante Fiscalía

A ello hay que sumar una denuncia presentada ante la Fiscalía por el concejal de Cabanes Miguel Ángel Ruiz (PP), en la oposición, que apunta a posibles irregularidades en la concesión y modificación de licencias ambientales para la explotación de turba en el término municipal. También reitera que existe una relación directa entre esta actividad y la salinización del Prat, apoyándose en informes técnicos de la propia Conselleria de Medio Ambiente que vinculan ambas circunstancias.

La denuncia también pone el foco en la tramitación administrativa de los permisos y en la competencia de los órganos que las han otorgado, además de advertir de un posible incumplimiento de normativas europeas de protección ambiental, como el Convenio Ramsar, que reconoce el valor internacional de los humedales.

Peligro para el ecosistema y los recursos hídricos

El Prat de Cabanes-Torreblanca es uno de los humedales litorales mejor conservados de la Comunitat Valenciana y forma parte de la Red Natura 2000, albergando una elevada biodiversidad y especies protegidas de flora y fauna. Vecinos y colectivos agrarios vienen alertando desde hace años de que la continuidad de la extracción de turba pone en riesgo no solo el ecosistema, sino también los recursos hídricos y agrícolas del entorno.

Mientras las denuncias siguen su curso administrativo y judicial, los afectados reclaman una revisión en profundidad de las autorizaciones concedidas y la paralización de nuevas explotaciones hasta que se evalúe con rigor el impacto real de esta actividad sobre el humedal y sus acuíferos.

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