Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Burriana, a favor de cortar luz, agua y gas a okupas: el alcalde confía en que el Congreso lo debata pronto

El Ayuntamiento refuerza la protección de los propietarios afectados y mantiene la Unidad de Atención Ciudadana contra la ocupación para asesorar y prevenir casos de usurpación

El consistorio defiende la necesidad de dotar a propietarios y administraciones de herramientas legales claras frente a la ocupación ilegal.

El consistorio defiende la necesidad de dotar a propietarios y administraciones de herramientas legales claras frente a la ocupación ilegal. / MEDITERRÁNEO

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha expresado su confianza en que la reciente iniciativa legislativa aprobada en el Senado, que plantea clarificar el marco legal para permitir el corte de suministros básicos en viviendas ocupadas ilegalmente, pueda avanzar y ser debatida próximamente en el Congreso de los Diputados.

Desde el Ayuntamiento, se considera que la ocupación ilegal de viviendas afecta directamente a la convivencia vecinal, la seguridad jurídica de los propietarios y la tranquilidad de muchas familias, por lo que resulta fundamental que las administraciones cuenten con herramientas legales claras y eficaces para actuar frente a estas situaciones.

La propuesta aprobada en la Cámara Alta busca evitar que el propietario de una vivienda ocupada de forma ilegal se vea obligado a mantener y sufragar servicios como el suministro de agua, luz o gas, respaldándose en criterios judiciales ya existentes en casos de usurpación o allanamiento.

En esta línea, el consistorio de Burriana ha impulsado medidas preventivas para frenar estas conductas ilícitas. A principios de 2024 se creó la Unidad de Atención Ciudadana contra la ocupación, supervisada por un oficial de la Policía Local, que asesora a los vecinos afectados y ofrece estrategias para evitar la entrada de okupas en sus hogares.

El alcalde Monferrer ha subrayado la importancia de que el debate parlamentario se desarrolle con normalidad, ya que un marco normativo más claro facilitaría que los ayuntamientos, los cuerpos de seguridad y los ciudadanos puedan afrontar un problema que genera preocupación e incertidumbre en la comunidad.

Tracking Pixel Contents