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Burriana refuerza su lucha contra la okupación de viviendas

Una de cada cuatro viviendas vacías no sale al mercado por miedo de los dueños a sufrir una ocupación ilegal

Imagen de un candado puesto por los okupas en una vivienda.

Imagen de un candado puesto por los okupas en una vivienda. / Francisco Calabuig

El Ayuntamiento de Burriana solicitará formalmente en el próximo Pleno municipal su adhesión a una red de municipios afectados por la okupación ilegal de viviendas, con el objetivo de reforzar la protección de los propietarios y dotar a las administraciones locales de más herramientas frente a esta problemática creciente.

La iniciativa, aprobada por el Consejo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), permitirá a Burriana acceder a un espacio de análisis, debate y asesoramiento para conocer la dimensión real del fenómeno de la okupación ilegal y avanzar en soluciones eficaces y coordinadas desde el ámbito municipal.

La okupación ilegal frena el alquiler y agrava la crisis de vivienda

Desde el consistorio alertan de que la okupación ilegal se ha convertido en un importante obstáculo para la oferta de vivienda en alquiler. La falta de una respuesta normativa rápida y eficaz provoca que muchos propietarios opten por retirar sus viviendas del mercado por miedo a sufrir situaciones de okupación o inquiokupación.

Actualmente, una de cada cuatro viviendas vacías no se alquila por temor a la okupación, una realidad que agrava la crisis de vivienda que afecta al conjunto del país. “Debemos ofrecer mayores garantías a los propietarios para que puedan sacar sus viviendas al mercado con seguridad jurídica”, señalan desde el Ayuntamiento.

Alarma social, conflictos vecinales y presión sobre los servicios municipales

La okupación ilegal de viviendas genera alarma social, conflictos de convivencia y una presión directa sobre las áreas municipales de vivienda, seguridad ciudadana y servicios sociales. Además, supone una grave carga económica para los propietarios afectados.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha señalado que “frente a la falta de agilidad de la justicia, el infractor sabe que su actuación no tiene consecuencias inmediatas, mientras que el propietario debe seguir afrontando gastos como luz, agua o tasas, lo que puede provocar una auténtica asfixia económica”.

El alcalde de Burriana solicitará la adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Okupación para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.

El alcalde de Burriana solicitará la adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Okupación para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. / MEDITERRÁNEO

Medidas municipales contra la okupación ilegal en Burriana

El Ayuntamiento de Burriana considera que la okupación ilegal vulnera derechos fundamentales, afecta a la dignidad de las personas y requiere que las víctimas estén acompañadas y asesoradas durante todo el proceso.

En esta línea, el consistorio creó a principios de 2024 la Unidad de Atención Ciudadana contra la Ocupación, una oficina pionera supervisada por un oficial de la Policía Local, que ofrece:

  • Asesoramiento a propietarios víctimas de usurpación, allanamiento o inquiokupación
  • Apoyo en casos de impago continuado de rentas
  • Orientación legal y policial para la prevención de ocupaciones
  • Recomendaciones prácticas para evitar la entrada de okupas en viviendas

Apoyo a cambios legislativos para dar seguridad jurídica

El alcalde ha mostrado además su confianza en que la iniciativa legislativa aprobada recientemente en el Senado, que plantea clarificar el marco legal para permitir el corte de suministros básicos en viviendas ocupadas ilegalmente, pueda avanzar y debatirse en el Congreso de los Diputados.

Esta propuesta, respaldada por criterios judiciales ya existentes, busca evitar que los propietarios se vean obligados a financiar agua, luz o gas de viviendas ocupadas ilegalmente, reforzando así la seguridad jurídica de quienes sufren estas situaciones.

Con estas acciones, Burriana reafirma su compromiso contra la okupación ilegal, apostando por la convivencia vecinal, la protección de los propietarios y la recuperación de viviendas para el mercado del alquiler.

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