Almassora exige avances en la protección de su litoral y reclama el desmantelamiento de la plataforma marina del Serrallo

El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha dado luz verde por unanimidad a la solicitud al Gobierno de España para que declare zona gravemente afectada el litoral de Almassora a causa del último temporal Harry y desbloquee de manera urgente el proyecto de regeneración de Pla de la Torre, valorado en 8,8 millones de euros.

“Los daños han sido cuantificados en más de 1,5 millones de euros, una cifra que refleja la magnitud del problema, por eso, necesitamos ayudas extraordinarias que nos permitan reparar los daños sufridos”, ha explicado este lunes la alcaldesa, María Tormo.

“La defensa del litoral es, y seguirá siendo nuestra prioridad. No vamos a permitir decisiones que perjudiquen a nuestro municipio ni vamos a dejar de exigir soluciones reales al Gobierno de España e inversiones comprometidas. Defender nuestra costa es defender Almassora. Y en esa tarea, no vamos a dar ni un paso atrás”, ha remarcado Tormo.

Durante la sesión también se ha aprobado diversas propuestas, como la reclamación del desmantelamiento de la plataforma marina del polígono del Serrallo en la costa de Almassora, "una infraestructura obsoleta y fuera de uso desde el año 2012 que continúa degradando la costa y condicionando el futuro ambiental, paisajístico y económico del municipio", como denunció Compromís, que registró la moción para solicitar esta actuación, moción que salió adelante con el respaldo de todos los partidos, excepto Vox. Fuentes de Compromís explicaron que el PP ha confirmado que el puerto ya ha recibido los permisos del ministerio para el desmontaje.

Escuela infantil San José

Por otra parte, en la sesión plenaria se ha aprobado una modificación de crédito para poder acometer diversas actuaciones de gran interés, como la adecuación de los terrenos donde se ubicarán las aulas provisionales de la escuela infantil San José, mientras se ejecuta la reforma integral de este centro dependiente de la Conselleria de Educación.

El centro provisional, que albergará a los cerca de 80 alumnos del centro, se situará en los mismos terrenos donde se encontraba el colegio Santa Quitèria, en la calle Cervera del Maestrat, hasta que abrió sus puertas en las actuales instalaciones. Con la adecuación de la superficie, el Ayuntamiento avanza en una actuación de envergadura, reivindicada por la comunidad educativa, que se prevé que se inicie en los próximos meses con un presupuesto de 1.485.142,13 euros.

Asimismo, también se ha dado luz verde a una partida de 45.000 euros destinada a la mejora de parques infantiles con el objetivo de seguir adecuando diversos espacios destinados al ocio de los más pequeños; y a una asignación cercana a los 25.000 euros para completar el plan de instalación de cámaras de control de tráfico, que se prevé implantar este año en diferentes puntos de la localidad.

En la modificación de crédito se recoge también una cuantía de 11.000 euros para acometer la apertura de la calle Segorbe, así como una partida de 100.000 euros para el mobiliario de la renovada Casa de la Cultura, cuya reforma integral está en su fase final. Además, también se prevén cerca de 20.000 euros para reparación de escenografía.

Otros acuerdos

El pleno ha dado el visto bueno a la adhesión de Almassora a la Red de Municipios Afectados por la Okupación- Xarxa Mao impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Tal y como se pone de manifiesto en el documento de adhesión, “el problema de la ocupación ilegal de viviendas ha alcanzado en los últimos tiempos una extraordinaria gravedad, este fenómeno genera gran alarma social, crea problemas de convivencia con los vecinos del edificio donde se encuentra la vivienda ocupada y supone un freno a la oferta de vivienda para alquiler por parte de los propietarios, que por indefensión optan por no alquilar”.

“La realidad demuestra que la regulación normativa no da una solución rápida y eficaz  a esta problemática, en muchos casos es ineficaz para amparar a los propietarios y poseedores legítimos, y éstos se hallan desamparados frente a la expoliación, convirtiéndose en víctimas de una coyuntura terrible: no hay agilidad en la justicia, el infractor sabe que su actuación no tiene consecuencias o son tardías y el propietario, que necesita el alquiler como complemento de sus ingresos, se encuentra que tiene que hacer frente a unos gastos (luz, agua, tasas, etc.) que le suponen una asfixia económica, así como ver cercenado su legítimo derecho de propiedad y se sienten desamparados por la Administración”, se recoge en el documento.

La exigencia de la reforma urgente del sistema de financiamiento autonómico y municipal y la defensa de un financiamiento justo para los ayuntamientos y para la Comunitat Valenciana, así como una propuesta en apoyo al pueblo venezolano han sido otros puntos aprobados en la sesión plenaria.

En los puntos del orden del día también ha figurado una declaración institucional, que ha sido leída por la alcaldesa, para la defensa de los sectores productivos valencianos, el medio ambiente, la soberanía alimentaria y el control democrático frente al acuerdo comercial UE-Mercosur.