Patrimonio
Cultura abre expediente por el abandono de la ermita del Calvari de Nules y amenaza con sanciones
Desde el obispado alegan «falta de financiación» y la Conselleria de Cultura emplaza al Ayuntamiento a salvar el bien de relevancia local través de una «ejecución subsidiaria»

Estado en el que se encuentra la ermita del Calvari de Nules. / BLAI MOLÉS
El estado ruinoso de la ermita del Calvari de Nules y la denuncia de una asociación local han tenido respuesta en la Conselleria de Cultura: la apertura de un expediente que señala a dos responsables, uno directo y otro indirecto, del «deficiente estado de conservación y el riesgo evidente de pérdida total de sus valores culturales».
Por un lado, señala al obispado de Segorbe-Castellón, propietario del edificio. Por otro, le atribuye una responsabilidad al Ayuntamiento, al tratarse de un bien de relevancia local (BRL), incluido en su día por petición municipal en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciana.
El expediente se abrió tras una visita a la ermita, en la que se constató «el avanzado estado de deterioro y la pérdida casi total del elemento de mayor relevancia, como era la bóveda y los esgrafiados decorativos que la revestían». A su vez, se evidencia que «los restos todavía existentes amenazan colapso, entre otros, por la apertura y falta de conexión entre los elementos murarios de la envolvente».
En las conclusiones, remitidas a todas las partes implicadas, no se deja margen a la duda y se advierte que la desatención que ha sufrido este antiguo templo a lo largo del tiempo está tipificada como «una infracción grave», de acuerdo con lo establecido por la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, que podría suponer la imposición a la propiedad, es decir, el obispado, de sanciones de entre 60.001 y 150.000 euros.
Intervenir con urgencia
El informe de la Conselleria, al que ha tenido acceso este periódico, emplaza a diócesis y consistorio a «establecer sistemas de colaboración y/o cooperación, que permitan acometer las actuaciones de forma inminente». Y diferencia con claridad hasta donde llegan las responsabilidades de cada una de las partes.
La del obispado es directa, porque la ermita es suya. En cuanto a la del Ayuntamiento, tiene más que ver con su papel como administración pública competente, de ahí que se le recuerde que «los municipios están obligados a proteger y dar a conocer los valores del patrimonio cultural existente en su ámbito territorial» y que entre sus competencias está la posibilidad de «adoptar las actuaciones cautelares necesarias para evitar el deterioro, la pérdida o la destrucción de dichos bienes».
La Conselleria recuerda que al Ayuntamiento se le atribuye la competencia de «ejecución subsidiaria como medida de protección». En concreto, es el artículo 192 de la ley el que recoge «las obligaciones de los ayuntamientos en relación con el dictado de órdenes de ejecución para la realización de obras de reparación, conservación y rehabilitación en edificios deteriorados o inmuebles que presenten condiciones deficientes de uso». Si quien tiene la obligación de actuar no lo hace, recuerdan desde Conselleria, el Ayuntamiento «está facultado para proceder a la ejecución subsidiaria, repercutiendo el coste a la parte obligada».
Durante la visita a la ermita, en la que también estuvieron técnicos del Ayuntamiento y del obispado, según se deja constancia en el informe de conclusiones, se especifica que el obispado ya cuenta con «un proyecto técnico para el estudio de la viabilidad de las actuaciones», pero sus representantes advirtieron de antemano de «la falta de financiación para acometer la intervención».
Preguntados por Mediterráneo sobre este asunto, desde la diócesis aseguran que «no han recibido el informe» en cuestión y evitar dar más declaraciones.
El Ayuntamiento, a la espera
Sobre todo lo dicho, el concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, asegura en que el Ayuntamiento lleva mucho tiempo en conversaciones con el obispado para que intervenga en la ermita. Insiste en que tras la reciente visita, se dejó claro que «la responsabilidad patrimonial es de la diócesis, dado que son los propietarios» y por tanto, «deben ser quienes actúen con carácter de urgencia» y que el papel del Ayuntamiento es el de, «en caso de omisión, actuar de forma subsidiaria».
Hasta que exista una respuesta clara del obispado, el gobierno municipal estará a la espera, «en cuanto sepamos qué van a hacer, decidiremos cómo actuar».
Mientras tanto, la ermita, que colapsó en el 2020, cuando el derrumbe de la cubierta y la apertura de una gran grieta que separó uno de los muros laterales del resto del edificio (ahora apuntalado) sigue expuesta al paso del tiempo y las inclemencias del tiempo, que no favorecen en absoluto a la conservación de lo poco que queda en pie, la principal preocupación de la Asociación Ermita del Calvario de Nules, que incluso llegó a plantear al obispado su compra, para tratar de salvarla por otras vías.
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