Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
Los profesionales abogan por agilizar los trámites burocráticos y por subvencionar o dar incentivos a los particulares que puedan verse afectados
Restos humanos localizados durante las obras de una vivienda en Moncofa / ARQUEOCAS
El temor a que el hallazgo de restos arqueológicos pueda paralizar y retrasar unas obras, además de al sobrecoste imprevisto que pueda suponer, está detrás de la clandestinidad con la que se actúa muchas veces para evitar que se visilicen los vestigios de un pasado remoto que puedan aparecer en reformas o reconstrucciones de viviendas. Algo, por otra parte, bastante habitual en los cascos históricos de todos los municipios.
La ley de Patrimonio no deja margen para la duda al respecto y en la práctica totalidad de los PGOU se especifica con claridad: existen zonas urbanas cuyo subsuelo «es área de vigilancia arqueológica». ¿Qué significa eso? Que las licencias de obras deberían estar condicionadas a la realización de un estudio arqueológico previo, «como lo está a la elaboración de un proyecto arquitectónico», precisa José Albelda, de Arqueocas.
Señala que en estos entornos, contar con esa valoración «es un trámite más», pero que, por regla general, los particulares solo solicitan «cuando desde el Ayuntamiento ya les han requerido hacer el estudio», lo que acaba suponiendo un trastorno en los planes iniciales. «Estar prevenido ante los indicios evidentes, evitaría esos problemas», asegura.
Albelda explica que en esas zonas de vigilancia arqueológica «todo el mundo sabe cuando va a hacer una obra que existe esa posibilidad y que no es nada remota. Si alguien no lo sabe, debería ser el Ayuntamiento quien lo advirtiera cuando se inician los trámites para autorizarla» y así evitar sorpresas, que en realidad no lo son tanto.
Restos humanos bajo la casa
El experto de Arqueocas pone el ejemplo de un hallazgo reciente en la reforma de una vivienda en el casco histórico de Moncofa. La ejecución de los trabajos, ya en marcha, tuvo que detenerse porque en el subsuelo había restos humanos. Albelda precisa que «estaba documentado que en esa zona había una necrópolis andalusí».
El equipo de arqueólogos ha trabajado solo en el patio «para minimizar la afección en la obra y la vivienda» y se localizaron restos «de entre cuatro o cinco personas». Documentaron el hallazgo, y como es preceptivo cuando se trata de restos humanos «se inhumaron, de manera que donde se han realizado las catas, no queda nada al retomar las obras».
Es diferente cuando lo que se encuentran son vestigios de murallas o construcciones. En esos casos, se deja constancia documental de su existencia y se puede cubrir, aunque como precisa Albelda, «las murallas no se pueden destruir, porque todas están consideradas BIC», por lo que, a veces, hacen falta modificaciones puntuales del proyecto arquitectónico, para reubicar pilares. Inconvenientes salvables con una buena planificación previa que no descuide el aspecto arqueológico.
Un técnico de Arqueocas trabajando con uno de los cadáveres localizados bajo una casa de Moncofa en obras. / ARQUEOCAS
Desde Arqueocas argumentan que «es muy raro encontrarse con cosas que no están catalogadas, aunque puede suceder, porque no se conoce todo lo que existe». Lo más común es que exista una catalogación o información que describa qué posibilidades hay de que se produzcan hallazgos.
Defienden, además, que «los arqueólogos no somos los que paramos las obras. Si las cosas se planifican bien, igual que se espera a que un arquitecto te haga el proyecto antes de empezar, debería contarse con los arqueólogos como un agente necesario más de la obra», la mejor manera de evitarse contratiempos y cambios inesperados.
«En la Comunitat Valenciana estamos en muy mala situación, con un único inspector y jefe de servicio por provincia. Los expedientes se acumulan»
Del mismo modo, Jose Albelda reivindica que las administraciones públicas deberían ser facilitadoras y no un obstáculo. Describe que en la Comunitat Valenciana «estamos en muy mala situación, con un único inspector y jefe de servicio por provincia en las direcciones territoriales de Patrimonio». Eso significa que los expedientes no se tramitan con agilidad, lo que se convierte en un inconveniente para los particulares «que, como es lógico, quieren acabar su obra cuanto antes».
El tiempo es un inconveniente, pero lo es aún más el dinero. José Albelda recuerda que «existían ayudas de Patrimonio para este tipo de casos, que ahora ya no están, y es el promotor el que debe asumir todo el coste de los informes arqueológicos», cuando la identificación de los restos es «de interés general», porque el patrimonio es un bien de la sociedad, no del particular afectado.
Considera que esas ayudas o incentivos contribuirían a que los ciudadanos «no lo vieran como una penalización», lo que provoca que tantas veces se oculten los hallazgos y recuerda que en otros países, como Alemania «el Estado es el que subvenciona los trabajos de arqueología», con personal dependiente de la administración.
En definitiva, argumenta que hace falta pedagogía, para que los particulares entiendan que la protección del patrimonio no solo está regulado por la ley y por tanto es una obligación, sino que además es de interés general; pero también resulta necesario que la burocracia se agilice, «lo que requiere que se aumenten los recursos, hace falta mucho más personal para poder dar una respuesta adecuada» y establecer ayudas o subvenciones, de manera que no suponga un sobrecoste para el ciudadano.
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