Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil ha solicitado al juez instructor la paralización cautelar del clúster eólico del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico previsto en España que viene impulsado desde Teruel.

Esta petición se produce tras los registros y detenciones llevados a cabo en el marco de la llamada Operación Perserte, que culminó con la detención del propietario de Forestalia, Fernando Samper Rivas; y otras cinco personas (un exfuncionario del ministerio, su mujer, un notario y dos testaferros), que ya están en libertad. La investigación se centra en la posible existencia de irregularidades en la tramitación administrativa del proyecto, especialmente en los procedimientos ambientales.

Por este motivo, la Ucoma del Seprona ha pedido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Teruel que adopte medidas cautelares para suspender el avance del proyecto hasta que se esclarezcan los hechos. Mientras tanto, el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), implicado en el desarrollo del clúster, ha evitado hacer valoraciones sobre la investigación, limitándose a señalar que no realizará declaraciones al respecto. La empresa había anunciado recientemente que las obras podrían comenzar en los próximos meses tras varios retrasos.

Qué es el clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España que la Guardia Civil pide paralizar y cómo afecta a Castellón

Valoraciones de los alcaldes de Castellón

En la provincia de Castellón, tres municipios son los que se verían afectados, al discurrir la línea de evacuación de la energía producida por los aerogeneradores de Teruel por Cinctorres, Morella y Portell hasta la subestación eléctrica situada en la capital de Els Ports.

Las reacciones municipales han sido diversas. La alcaldesa de Cinctorres, Mireia Mestre, defiende la actuación de su ayuntamiento. "Hemos solicitado informes sectoriales a todas las consellerias para conocer la afectación real del proyecto en su término municipal", sostiene. Además, ha mostrado respeto al trabajo de la Guardia Civil y de la justicia, señalando que el consistorio actuará conforme a lo que determine la autoridad judicial.

Desde Morella, su primer edil, Bernabé Sangüesa, valora positivamente la intervención judicial, señalando que desde hace tiempo advertían de que el procedimiento "no se estaba realizando con claridad". Considera que ahora corresponde a la justicia depurar responsabilidades y espera que se adopten medidas cautelares que detengan definitivamente el proyecto si se confirman las irregularidades.

En contraposición, el alcalde de Portell, Álvaro Ferrer, se ha mostrado partidario de que el proyecto continúe, siempre que la investigación judicial siga su curso. “Esto es todo por las corruptelas del PSOE que se deben investigar. La justicia decidirá qué tiene que pasar". señala. Con todo, Ferrer defiende que el desarrollo del proyecto no es incompatible con la labor de la justicia.

Compromís

En el ámbito político, Compromís ha exigido paralizar todas las autorizaciones de proyectos vinculados a Forestalia mientras dure la investigación. La formación alerta de que los proyectos investigados podrían causar “daños irreparables” al territorio y reclama que tanto la Diputación como Les Corts insten a los juzgados a aplicar medidas cautelares. Además, la coalición valencianista ha registrado en el Congreso una iniciativa para saber toda la información sobre este caso.

Plataforma No a la MAT

Por su parte, la plataforma No a la MAT ha celebrado en redes sociales la petición de la Guardia Civil al juez, señalando que se trata de la misma solicitud que realizaron en diciembre, cuando se conocieron las primeras posibles irregularidades en Forestalia. Desde la plataforma han recordado que entonces ya exigieron la paralización cautelar inmediata hasta que se esclarezcan las causas del procedimiento de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental, advirtiendo de los posibles daños que el proyecto podría causar a las comarcas afectadas.

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