Ecologistas en Acción denuncia ante Bruselas las "agresiones ambientales" en el Prat de Cabanes-Torreblanca

La asociación Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea al considerar que se está aplicando de forma “reiterada” e “incorrecta” la normativa relativa a los espacios de la Red Natura 2000.

La entidad sitúa el foco en el parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, un espacio protegido que cuenta con la catalogación de lugar de interés comunitario (LIC) y zona de especial protección para las aves (ZEPA), además de figurar en inventarios nacionales y autonómicos y estar incluido en el convenio internacional Ramsar. Según subraya la organización, se trata de la zona húmeda más importante de la provincia de Castellón.

En su escrito, la plataforma sostiene que el parque natural viene sufriendo desde hace tiempo “numerosas agresiones medioambientales” por parte de distintos agentes con presencia o competencias en este enclave, entre ellos la Generalitat, el Ayuntamiento de Torreblanca, el Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la Diputación de Castellón y entidades privadas como Fundación Global Nature.

No obstante, la asociación señala especialmente a la Generalitat, al entender que es la administración que ostenta las competencias en materia de gestión medioambiental del Prat de Cabanes-Torreblanca y que, por tanto, “permite” determinadas actuaciones sin activar, según denuncia, los mecanismos necesarios para impedir nuevas intervenciones de este tipo. Asimismo, le reprocha no ejercer los controles necesarios ni promover la aplicación de la normativa para reforzar la protección ambiental del espacio integrado en la Red Natura 2000.

Entre los ejemplos que detalla en su denuncia, Ecologistas en Acción asegura que desde el Ayuntamiento de Torreblanca se plantean proyectos como abrir una nueva conexión al mar, una actuación que, según advierte, podría poner en riesgo el nivel hídrico del humedal; realizar quemas de vegetación para obtener pastos; ampliar la estación depuradora de aguas residuales anexa al parque; o permitir el pastoreo de vacas en terrenos donde crían especies protegidas.

Estrategia de 'greenwashing'

De forma paralela, la organización ecologista afirma que el consistorio desarrolla una estrategia de greenwashing a través de la Fundación Global Nature. Según expone, mientras se impulsan actuaciones que considera perjudiciales para el parque natural, se captarían fondos europeos para acciones que, a su juicio, no están directamente relacionadas con las especies y hábitats prioritarios del espacio Natura 2000, sin que —según añade— se ofrezcan detalles concretos sobre las medidas ejecutadas ni sobre sus resultados.

Además, Ecologistas en Acción denuncia que un concejal integrante del gobierno municipal ha sido contratado por la propia fundación, lo que califica como un “claro caso de incompatibilidad”.

Respecto al departamento de Costas del Miteco, la asociación asegura que se impide la limitación temporal del acceso de personas a zonas con nidos de aves protegidas y lamenta una supuesta falta de actuación en la recogida de residuos marinos. También critica que, a su entender, apenas se hace nada para evitar el paseo de perros por áreas especialmente sensibles.

En cuanto a la Diputación de Castellón, Ecologistas en Acción censura las fumigaciones contra los mosquitos con helicóptero y afirma que estas se realizan a tan solo dos metros de nidos de especies protegidas, al tiempo que compara este sistema con el uso de drones en zonas húmedas protegidas de la provincia de Alicante.

Por último, la entidad dirige también sus críticas a la Generalitat, a la que acusa de autorizar la caza de aves acuáticas sin disponer de zonas útiles de reserva para estas especies y de no gestionar correctamente el manejo de especies protegidas.

Desde Ecologistas en Acció del País Valencià sostienen que las “irregularidades medioambientales” que, según denuncian, se vienen produciendo de manera “continuada” y “deliberada” en el parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca resultan “inadmisibles”. Por ello, la entidad ha solicitado que se investigue una posible “mala gestión” a través de la denuncia presentada ante la Comisión de la Unión Europea.