PSPV y Vox se alían por segunda vez para desmontar al PP en Burriana

Aunque a nivel ideológico son teóricamente dos partidos que están en las antípodas, el PSPV-PSOE y Vox han alineado sus posturas de forma consecutiva en dos plenos municipales seguidos en Burriana.

Si en el de febrero ambos grupos, en la oposición, votaron en contra de una moción impulsada por el PP (gobierna en minoría con ocho concejales) para exigir la reforma de manera urgente el sistema de financiación autonómico y municipal, ahora, en el de marzo, las dos formaciones se han vuelto a aliar para aprobar una iniciativa de modificación de crédito sobre la que el pleno «no tiene competencias legales», recuerdan los populares, que avisan que había también «dos informes técnicos de Intervención y Secretaría desfavorables que advertían explícitamente sobre su ilegalidad».

El portavoz y presidente del PP de Burriana, Alejandro Clausell, lamenta la «reedición de la alianza» entre el partido de extrema derecha (exsocio de gobierno de los populares durante dos años de legislatura) y los socialistas, ya que no es un hecho aislado en la ciudad. El concejal recuerda que las dos formaciones ya unieron sus votos en el pleno anterior para «evitar reclamar al Gobierno central una mejor financiación para los valencianos, así como los siete millones de euros que el Estado adeuda actualmente a la ciudad de Burriana». «Vox se ha convertido en la muleta del sanchismo y el socio más fiel del PSOE en Burriana», señala el portavoz del PP.

Ante la gravedad de los hechos, el equipo de gobierno está valorando con los técnicos municipales todas las pruebas relevantes, incluyendo el informe de Intervención y Secretaría, el acta del pleno, la grabación de la sesión y la moción presentada. «Todo ello conformará un expediente administrativo completo por si fuera necesario remitir a la Fiscalía para no incurrir en nuevas responsabilidades», detalla Clausell.

El presidente local del PP critica con dureza que se haya forzado «una resolución administrativa claramente contraria al ordenamiento jurídico». «Votar a favor de un acuerdo sabiendo que es ilegal y con una advertencia previa de los servicios técnicos jurídicos podría derivar en una presunta prevaricación administrativa», apunta.

«Impagos indebidos»

El concejal alerta igualmente de las consecuencias materiales de esta decisión. «Si la modificación de crédito para reducir una partida se ejecutara, se generarían impagos indebidos y un grave perjuicio legal para el Ayuntamiento», expone.

Por último, Clausell recalca que esta actitud «no es nueva para el PSPV», en referencia al PAI Sant Gregori. Como publicó Mediterráneo, una sentencia anuló la condición de agente urbanizador a Golf Sant Gregori en mayo de 2023 (con los socialistas en el gobierno entonces). «Ya sacaron adelante proyectos con informes técnicos en contra que el TSJCV terminó anulando, haciéndonos perder ocho años de desarrollo de la ciudad y provocando la imputación de concejales que hoy siguen sentados en este pleno», concluye Clausell.

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