Juicio por los burros del Desert de les Palmes: "El proyecto se nos iba de las manos y si seguíamos, no iba a quedar ni uno", confiesa el exdirector del parque

Cuatro años y medio después de que el mediático caso de los burros del Desert de les Palmes saltase a la luz, este martes ha tenido lugar el juicio en el juzgado de lo penal número 3 de Castellón, en el que el entonces director del parque natural, Toni García; y el ganadero y propietario de los asnos, Juan Francisco Librán, se han sentado en el banquillo de los acusados.

Están investigados por un presunto delito de maltrato ambiental por el que la Fiscalía ha mantenido su petición de pena de 20 meses de prisión para cada uno, además de una inhabilitación de cuatro años y seis meses para criar animales al pastor.

Además, en la causa figura como acusación particular El Refugio del Burrito, una asociación con sede en Málaga que se dedica a proteger y rehabilitar burros y mulos maltratados o abandonados (su abogado ha comparecido por vía telemática), que pide también que los animales que sobrevivieron a este proyecto fallido impulsado por la antigua Conselleria de Agricultura sean decomisados.

Entre 8 y 10 muertes

El controvertido proyecto, que consistía en un sistema de pastoreo de ganadería extensiva que permitió volver a introducir animales al Desert de les Palmes 40 años después con el objetivo de prevenir incendios, se extendió entre el 4 de agosto y el 9 de octubre de 2021. Lo que en un principio parecía una simpática iniciativa con fines medioambientales pronto se convirtió en un descontrolado plan que trascendió a la opinión pública por el goteo de muertes de animales.

Seis abortos

50 burros que el ganadero tenía en su finca del Grau de Castelló fueron transportados al parque natural y los acusados han diferido sobre el número de fallecidos. El exdirector del Desert cuenta que hay ocho cadáveres documentados y dos mamíferos desaparecidos, mientras que el ganadero cifra 10 muertes y otros cinco cuyo paradero no se sabe. Además, tal como desveló la fiscala en la sesión, seis hembras abortaron durante la inicativa.

García explicó que fue el impulsor del proyecto y defendió que las condiciones tróficas de la parcela para alimentar al ganado (uno de los aspectos sobre el que más ha girado la vista) eran aptas, basándose en lo que le dijeron el propio ganadero y el veterinario que habían supervisado los terrenos. "No tenía por qué contradecirles. Si el ganadero admitió que había suficiente pasto, ¿para qué aportar alimentación suplementaria si había comida disponible? Esa competencia no era mía, pero yo pienso que el terreno era adecuado al pasto, más cuando lo dice el propio ganadero", explicó.

Reiteró que "de cada tres días laborables, uno al menos estaba allí" en el parque y afirmó que lo que había acordado es que "el ganadero se iba a ocupar de la gestión de los animales y el parque natural de la logística", a la disposición de lo que indicara el pastor.

"Actuación de terceras personas"

Uno de las aspectos en los que más enfatizó, tal como ha mantenido desde el inicio de la investigación, es que la muerte de los burros, aunque en ningún momento se realizó una necropsia que determinara la causa fehaciente de las defunciones, es que "actuaron terceras personas" que influyeron en los óbitos y "tenemos indicios probatorios de ello". "Abortamos el proyecto porque se nos iba de las manos y había factores que no podíamos controlar. A partir del tercer animal muerto, vimos que esto no era normal. Los animales allí corrían peligro y si seguíamos, no iba a quedar ni uno".

La tesis del sabotaje también la esgrimió Librán, que se dedica a la ganadería desde los 10 años , y señaló que "les echaron veneno". "Los burros no se mueren de un día para otro", dijo, y confesó que "todo lo que pasaba en el parque se lo decía al director", aunque no consideraron que no había que llamar a un veterinario cuando se percataron de las muertes.

La primera señal que percibió de que notaba algo extraño es que cuando el ganadero llamaba a los burros (cuenta que iba cada día a verlos), no le hacían caso. "Solo les hablo, vienen enseguida, pero no venía. Y encima todos tenían diarrea", añadió.

Preguntada por la fiscala si ese goteo de muertes de burros la veía normal, contestó "no sé" y afirmó que todos los animales que subieron al Desert estaban en buen estado, aunque en su declaración el director había reconocido minutos antes que había visto algunos animales delgados, pero el ganadero le dijo en su momento que podía estar tranquilo y que se iban a a recuperar durante este programa antiincendios.

Seprona y Guardia Civil lo rebaten

Esa tesis del supuesto boicot fue rebatida por los agentes del Seprona y de la Guardia Civil que declararon como testigos. El primer efectivo que compareció estaba a cargo de la investigación que abrió el Seprona destacó que, en base a la documentación y los informes que le facilitaron desde la entonces Conselleria de Agricultura, la hipótesis del envenenamiento quedó "descartada" porque el estudio elaborado por el CEU dice que "no había sintomatología comptatible con el envenenamiento", al igual que el sabotaje. "Una cámara detectó un perro o un jabalí, pero fue un hecho puntual", señaló.

El agente que declaró después, perteneciente al equipo de la Benemérita de la Comandancia de Castellón, fue muy rotundo al afirmar que la idea del sabotaje es "una burda forma de negar la realidad", ya que de las 57 hectáreas que tenían de extensión las parcelas, solo instalaron un pastor eléctrico de 600 metros, dijo. "Los burros a los dos días tenían total libertad para andar por todo el Desert, podían ir por donde querían", destacó, y señaló que "no ha habido ningún envenenamiento" y que "no había ninguna necropsia".

Conclusiones: de "manipulación política" a "cabeza de turco"

En las conclusiones del juicio, la fiscala reafirmó que los burros del Desert murieron porque "no se les suplementó (comida adicional), no se les asistió, no se les vigiló y no se tomaron medidas cuando empezaron a morir". Cree que la "falta de necropsia" es un "elemento más de la omisión de los cuidadores" y que "no hubo ningún tipo de control ni antes ni durante la ejecución del proyecto".

La asociación El Refugio del Burrito considera que la muerte de los animales era "compatible con una dieta pobre" , que algunas de las plantas que consumían eran "tóxicas", que las lesiones de los animales "no pueden provocar la muerte" y recalcó que los mamíferos tenían "anemia y había una falta claro de alimento", por lo que, además de pedir el decomiso de los animales, solicita que se busque "un lugar definitivo para ellos", por lo que anunció que el colectivo presentará un programa para reubicar esos burros.

El abogado del exdirector del parque subrayó que en la vista se vertió mucha "demagogia y opiniones", pero "la autorización que se dio es la que es" y "se exige lo que se exige". "Había una normativa que había que cumplir y todo lo demás son propuestas para una normativa futura y no en base a la causa aprobada, una experiencia que por una cuestión política se ha llegado a este extremo.

Reconoció que "pueden admitir que hubo una reacción tardía" (cuatro muertes se produjeron en dos días), pero se pregunta "dónde está la responsabilidad de la Administración, ya que como mínimo debería haber una responsabilidad subsidiaria de la Conselleria".

"Hubo una manipulación política de la justicia penal y la diputada del PP que inició la denuncia se apartó del proceso", concluyó. Por ello, pide la absolución de Toni García.

Por su parte, la letrada que representa al ganadero también solicita que Juan Francisco Librán quede en libertad, ya que argumentó que los hechos no constituyen delito y la acusación no ha conseguido acreditar ni el dolo ni la imprudencia y tampoco el nexo causal. "Mi cliente ha manifestado que se dedica desde los 10 años a la crianza de burros. Es un ganadero honrado que siempre se ha dedicado al bienestar animal y aceptó colaborar sin recibir dinero", subrayó, a la vez que concluyó que "la Administración en ningún momento envió ningún veterinario y nadie se preocupó de su estado (de los burros)".

"Es un proyecto público que fracasó y que buscó la cabeza de turco en mi cliente (el pastor). Únicamente se limitó a cumplir las instrucciones del director del parque. Nadie maltrata voluntariamente a sus propios animales, qué motivos tenía él para causarles daño, además del perjuicio económico que supone", concluyó la abogada.

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