Benicàssim eleva la presión al Gobierno y al Consell por las inversiones que siguen pendientes

Benicàssim ha alzado la voz este viernes para exigir al Gobierno las inversiones e infraestructuras que siguen pendientes con el municipio. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción relativa al cumplimiento de las obligaciones aún no ejecutadas en la localidad. La propuesta ha buscado aunar la postura de la corporación para la reclamación de inversiones e infraestructuras que desde el Gobierno de España llevan años pendientes, así como aquellas que se han iniciado esta legislatura por parte de la Generalitat Valenciana, como el proyecto de la nueva depuradora que el anterior Consell no impulsó. Finalmente, la iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y Vox, la abstención del PSPV y el concejal no adscrito, y el rechazo de Compromís.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha defendido la necesidad de anteponer los intereses del municipio y ha criticado el posicionamiento de la oposición en este punto. En la misma línea, Díaz ha reclamado “una visión global y ambiciosa para Benicàssim”, centrada en mejorar la calidad de vida y garantizar el desarrollo del municipio.

La moción incluye reivindicaciones al Gobierno como la mejora de los accesos por la N-340, la instalación de pantallas acústicas en la AP-7, una nueva salida a la autopista, actuaciones en el barranco del Sigalero o la protección del litoral. Además, solicita la declaración del municipio como zona afectada por emergencia tras el paso del temporal Harry.

El acuerdo también plantea demandas a la Generalitat Valenciana, entre ellas la construcción de una nueva depuradora, viviendas de protección oficial, la apertura del centro de salud en la zona sur, un nuevo instituto y mejoras en el transporte interurbano.

Eliminan la obligación de zonas verdes en subestaciones eléctricas

Por otra parte, el pleno ordinario de Benicàssim ha aprobado de forma definitiva la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), expediente 29086/2025, que elimina la obligación de reservar un 30% de zonas verdes en parcelas destinadas a subestaciones eléctricas, un cambio que afecta directamente al desarrollo urbanístico de uno de los sectores urbanizables del municipio.

El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, ha defendido la medida como un ajuste necesario dentro de la ordenación pormenorizada. El edil ha destacado que la modificación permite integrar mejor las infraestructuras eléctricas y adaptarlas a los nuevos modelos constructivos sin alterar el interés general.

La decisión abre la puerta a que la subestación eléctrica existente en el sector urbanizable número 2 pueda compactarse y cerrarse dentro de una estructura similar a una nave. El cambio elimina la exigencia de destinar parte del suelo a zona verde, lo que facilita ocupar todo el espacio disponible para su reorganización.

“Antes estas instalaciones quedaban abiertas y se ocultaban con zonas verdes; ahora estarán cerradas e integradas, por lo que esa obligación deja de tener sentido”, ha explicado Díaz durante el pleno.

La modificación también introduce un ajuste en parcelas próximas a la avenida Ferrandis Salvador. El nuevo criterio permite medir la altura de los edificios desde el punto medio de la parcela, en lugar de hacerlo desde la alineación de la avenida, lo que evita excavaciones forzadas en calles con pendiente.

Según ha señalado el concejal, esta medida facilita la construcción de plantas bajas adaptadas al terreno y mantiene una altura más coherente en edificaciones situadas en zonas con desnivel.

La oposición ha centrado sus críticas en la eliminación de zonas verdes obligatorias, al considerar que puede rebajar las exigencias ambientales y responder a intereses concretos. También ha advertido del riesgo de favorecer un urbanismo “a la carta”, aunque con diferentes matices en su posicionamiento.

Rifirrafe por el caso de la Policía Local

En ruegos y preguntas del pleno, el tema de la investigación sobre posibles irregularidades en la Policía Local ha generado un enfrentamiento político. El concejal no adscrito, Rubén Rodríguez, ha elevado el tono y ha pedido explicaciones directas, llegando a preguntar a la alcaldesa si está implicada en el caso. Ha anunciado además que solicitará una comisión de investigación, además de la comisión informativa ya registrada, al considerar el asunto “muy grave” y acusar al equipo de gobierno de no estar siendo transparente.

Por su parte, la alcaldesa ha respondido con contundencia, negando cualquier tipo de información por parte del Ayuntamiento. Ha asegurado que “no consta nada” oficialmente y que no se ha recibido ninguna notificación, documento o comunicación. Ha insistido en que el consistorio desconoce la naturaleza y el alcance del caso y ha defendido que no se pueden dar explicaciones sin información. Además, ha reprochado al edil generar crispación y dar por hechos no confirmados. Ha añadido que, en cuanto exista información oficial, se convocará a los portavoces y se dará cuenta de la situación.

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