Cruce de cartas a la ministra por el futuro del Clúster del Maestrazgo, el macroproyecto eólico con impacto en Castellón

El enfrentamiento en torno al proyecto eólico Clúster del Maestrazgo ha escalado esta semana con un cruce de cartas dirigidas a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por parte de plataformas y entidades enfrentadas sobre el futuro energético y territorial del Maestrazgo turolense.

Hay que recordar que para dar salida a toda esa energía que producirían los 122 aerogeneradores proyectados en la provincia vecina, la empresa promotora, la danesa CIP, contempla habilitar una línea de evacuación que discurriría por los términos municipales de Cinctorres, Portell y Morella hasta llegar a la subestación eléctrica de Fraiximeno, ubicada en la capital de Els Ports.

Proyecto "avalado por la justicia"

Desde un lado de las reivindicaciones está la Asociación Viento Alto, respaldada por nueve alcaldes de esta comarca de Teruel, reclama al Ministerio que desbloquee de inmediato los recursos administrativos pendientes y permita el inicio de las obras. Los representantes municipales denuncian una “paralización de facto” de un proyecto que consideran “legal, avalado por la justicia y respaldado por el territorio”.

En su escrito, los munícipes sostienen que no existe “ninguna explicación razonable” para el retraso administrativo y aseguran haber comprobado, tras personarse en el procedimiento judicial relacionado con Forestalia, que “no existe ningún informe policial ni indicio” que afecte directamente al Clúster Maestrazgo. También critican que se haya vinculado públicamente el proyecto eólico con investigaciones sobre instalaciones fotovoltaicas ajenas, algo que, a su juicio, ha perjudicado la reputación de la iniciativa y generado una percepción “distorsionada”.

La carta, firmada entre otros por los alcaldes de Cantavieja, Mirambel, Villarluengo o Puertomingalvo, advierte además de las consecuencias económicas y demográficas de la paralización. Según defienden, el bloqueo impide activar más de un centenar de medidas sociales y de desarrollo previstas para una comarca afectada por la despoblación.

"Máxima prudencia institucional y jurídica"

Frente a esta posición, la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y la Plataforma NO a la MAT de las comarcas de Castelló remitieron otra carta a la ministra en la que piden “máxima prudencia institucional y jurídica” antes de resolver los expedientes pendientes.

Los colectivos contrarios al proyecto consideran que autorizar ahora las obras podría interferir en unas investigaciones judiciales “todavía abiertas y en expansión”, en las que recuerdan que se analizan posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal relacionados con la tramitación de parques energéticos.

Además, rechazan que pueda afirmarse que el proyecto cumple plenamente todos los requisitos legales mientras existan causas judiciales abiertas. También discrepan de la interpretación realizada por Viento Alto sobre el aplazamiento de la vista de medidas cautelares y recuerdan que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se han pronunciado aún sobre el fondo de los recursos contencioso-administrativos.

Las plataformas sostienen igualmente que las plantas fotovoltaicas Masía I y Masía II sí forman parte del modelo global de compensaciones presentado junto al Clúster Maestrazgo, por lo que consideran imposible desvincular completamente ambos proyectos.

El nuevo intercambio de posicionamientos evidencia la creciente tensión institucional y social que rodea al macroproyecto energético, convertido ya en uno de los principales focos de debate político, judicial y territorial entre Aragón y la Comunitat Valenciana.

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