Antifraude señala a una concejala de Nules por presuntas irregularidades en un contrato cuya legalidad el Ayuntamiento defiende

En agosto del año 2023 el Ayuntamiento de Nules contrató el servicio de un Punto Violeta para las fiestas patronales de Sant Bartomeu, una gestión que ahora está en cuestión por la Agencia Valenciana Antifraude, que ha emitido un informe en el que asegura que existen «irregularidades evidentes», tal y como ha hecho público este lunes Radio Castellón Cadena Ser.

La investigación de Antifraude, a cuyas conclusiones ha tenido acceso Mediterráneo, señala hasta siete incidencias. La primera de ellas implica directamente al Ayuntamiento, al referirse a la contratación administrativa.

En este caso, la agencia valenciana indica que la contratación «presenta deficiencias que afectan a elementos esenciales del procedimiento» y destaca, entre otras, la ausencia de resolución formal de la adjudicación, la falta de acreditación suficiente de la solvencia técnica del adjudicatario, la inexistencia de una justificación previa del precio y la omisión de trámites y documentación exigidos legalmente. Además, señala un posible incremento del coste respecto de contrataciones similares previas del mismo Ayuntamiento.

El Ayuntamiento califica las irregularidades que le afectan como «disfunciones administrativas puntuales» como consecuencia de la carga de trabajo y los recursos limitados, sumado al momento de reorganización administrativa tras las elecciones

Ante estas acusaciones, en defensa de la gestión municipal se presentó un informe del Secretario General del consistorio, que este periódico ha podido consultar, en el que si bien se reconocen las irregularidades, se justifican afirmando que «deben entenderse como disfunciones administrativas puntuales» como consecuencia de un gran «volumen de gestión y unos recursos humanos y materiales limitados» y a que cuando tuvo que contratarse el servicio, el nuevo equipo de gobierno acababa de tomar posesión y se tuvo que contratar el servicio con urgencia, en un momento de «reorganización administrativa».

Sobre esta cuestión, el mismo informe avanza que «se va a proceder a una auditoría interna de los procesos de contratación menor» para activar «un protocolo de funcionamiento y evitar incidencias similares en el futuro».

En cuanto al sobrecoste apuntado, el informe municipal presenta una tabla de precios comparada para demostrar que los del Punto Violeta investigado se correspondían con los del mercado.

El resto de irregularidades expuestas por Antifraude tienen que ver con la relación de la concejala con el supuesto prestador del servicio y cómo este gestionó ese Punto Violeta. En ese caso, el informe municipal señala que esos detalles se corresponden con «la organización interna del contratista y su personal, una cuestión que no atañe al Ayuntamiento».

De lo que se desprende de lo expuesto por la agencia, la concejala de Igualdad, Gemma Carratalá, contrató con su hermano el Punto Violeta y este emitió una factura de 6.670,13 euros. Hasta ahí, como mucho, podría cuestionarse la legitimidad ética de esa elección, aunque Antifraude apunta a un conflicto de intereses. Pero la irregularidad señalada va más allá.

De las pruebas recabadas y después de ofrecer la oportunidad de presentar alegaciones, la agencia considera probada la «existencia de un beneficio económico no justificado», aparte de que el servicio se prestó «al margen de la Seguridad Social».

Por qué se contrató así

Según ha podido saber este periódico de fuentes consultadas, este desenlace se debería a que la concejala, que acababa de tomar posesión del cargo tras las elecciones municipales, buscó varias opciones para contratar el Punto Violeta, con consultas a Cruz Roja y asociaciones LGTBI, pero nadie podía realizar el servicio en las condiciones solicitadas por el Ayuntamiento. Se buscó a personas que ya lo habían prestado previamente, tenían disponibilidad, pero no podían facturar. Las mismas fuentes indican que ante la urgencia de la contratación, se recurrió a la empresa del hermano de la concejala, que aceptaría facturar por esas personas.

El empresario facturó legalmente, pero el abono del coste del servicio se realizó en B, es decir, las personas que estuvieron en el Punto Violeta no fueron dadas de alta en la Seguridad Social ni facturaron por el dinero recibido. Pero es que además, Antifraude señala que, pese a que a efectos prácticos no prestó el servicio, el empresario habría obtenido un beneficio por facturarlo. Afirma que en sus alegaciones, no ha podido probar que no haya sido así.

El Ayuntamiento marca distancias con las irregularidades relacionadas con el beneficio del adjudicatario y el pago en B acreditado a las personas que atendieron el Punto Violeta, al tratarse de «un asunto privado»

Preguntados por este procedimiento, fuentes del equipo de gobierno insisten en que, en cuanto a la parte de la contratación que afecta al Ayuntamiento, se ha explicado y justificado la gestión municipal, en especial lo que compete al precio del servicio. E insisten en que cómo prestó el servicio la persona contrata es un asunto privado. Añaden, en cualquier caso, que según se les ha informado, se habrían regularizado las incidencias en materia de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

La Agencia Valenciana Antifraude ha remitido sus conclusiones a la Agencia Tributaria, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y apunta a la imposición de sanciones por su parte, por lo que identifican como «una infracción de carácter leve».

Además, emplaza al Ayuntamiento a aprobar «una instrucción interna de obligado cumplimiento que regule de forma sistemática la tramitación de los contratos menores», un compromiso que, como ya se ha mencionado, el consistorio se compromete a asumir.

Reacciones de la oposición

Tras trascender un caso que lleva investigándose desde el mes de marzo, al parecer por una denuncia del Partido Popular, ya están conociéndose las reacciones políticas. Entre las primeras la de Vox, que pide la dimisión de la concejala.

Mientras, el PP ha anunciado que solicitará una comisión de investigación para depurar el informe de Antifraude. "Queremos saber toda la verdad. Que Nules sepa cómo se utilizó el dinero público y a quién benefició. Y es urgente", esgrime el presidente local de los populares, Miguel Ángel Martínez.

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