Giro en el señalamiento de la concejala de Igualdad de Nules por Antifraude: cruce de denuncias para llevar el caso a los tribunales

El pleno ordinario del mes de mayo en el Ayuntamiento de Nules incluía la propuesta de aprobación de diferentes puntos de interés, pero ha sido la parte final del orden del día, la de ruegos y preguntas, la que ha acaparado la atención mediática y el revuelo político, al tratar el tema de la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude que reconoce indicios de irregularidades en la contratación de los puntos violeta de las fiestas de agosto del 2023, por parte de la concejala de Igualdad, Gemma Carratalá (Centrats en Nules, CeN)

Las conclusiones de esa investigación se publicaron el pasado marzo, pero no ha sido hasta ahora que ha trascendido mediáticamente. Dos meses después, tanto el caso como la bronca política que ha generado acabarán en los tribunales. Esa es la intención, al menos, tanto del PP de Castellón como del propio Ayuntamiento.

Los populares aseguran que van a llevar a la Fiscalía las conclusiones de Antifraude para que, entre otras cosas, determine si puede haber delito «en la gestión del alcalde» tras publicarse el informe. Mientras, desde el gobierno local (CeN, PSPV y Més Nules) dan una vuelta a la polémica y adelantan que van a denunciar tanto al PP local como a Vox por «atentar contra el derecho al honor» de la concejala.

No sería una denuncia que presentaría la afectada, sino el consistorio. Al menos, eso se desprende de lo dicho por el alcalde, David García (CeN), que tras el pleno celebrado este viernes ha asegurado que «he puesto en manos de los servicios jurídicos el expediente de comunicados de los partidos de la oposición y comentarios en redes sociales», por si fueran constitutivos de un delito de injurias y calumnias.

"La UCO ha visitado tres veces el Ayuntamiento por expedientes del PP"

En el cruce de declaraciones, García ha rebatido los argumentos del PP y ha asegurado que "la Unidad Central Operativa (UCO) ha visitado tres veces el Ayuntamiento de Nules". "No han pedido ningún expediente desde que soy alcalde, pero muchos de cuando gobernaba el PP de Nules en sus dos últimos años, en causas muy graves de supuesta financiación irregular del Partido Popular en la provincia de Castellón y de Nules en particular", ha aseverado.

"No hay delito"

Pese a que estos días, entre sus socios de gobierno (PSPV y Més Nules), los socialistas han marcado cierta distancia por lo delicado del asunto y Compromís, que forma parte de la coalición Més Nules, ha exigido la dimisión de Carratalá por las contundentes conclusiones de Antifraude, Centrats en Nules, el partido del alcalde, deja muy clara su postura: defender a su compañera sobre un tema en el que no ven ningún delito.

Las explicaciones ya se dieron en cuanto las conclusiones de la agencia valenciana salieron a la luz pública. La concejala pidió a su hermano «como solución de urgencia» que facturara la prestación del servicio de puntos violeta en las fiestas patronales, porque todas las opciones que habían buscado no habían podido concretarse y las psicólogas que se ofrecieron a hacerlo «no podían facturar». Un informe de Secretaría indicaba que cómo había gestionado ese contrato la empresa era una cuestión privada que no afectaría al Ayuntamiento. No se precisó nada sobre el presunto pago en B.

Las acusaciones

Entre otras irregularidades, Antifraude apunta a un conflicto de intereses por la relación familiar de la Gemma Carratalá y la persona contratada, su hermano; considera probado que este no realizó el servicio, aunque lo facturó, y que fueron otras dos personas las que lo prestaron íntegramente, por lo que cobrarían en B, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social ni declarar la actividad ante Hacienda; y ven indicios claros de que el empresario tuvo un beneficio sin haber hecho más que facturar, entre otras irregularidades expuestas en las conclusiones.

Las agrupaciones locales del PP y de Vox no tardaron en salir al paso de las acusaciones y exigieron de inmediato explicaciones y la dimisión de la concejala, lo que en redes sociales provocó múltiples comentarios. Los términos que emplearon ambos grupos políticos para fundamentar su postura son los que, para el alcalde, fundamentarían la denuncia por atentar contra su honor. «Están persiguiendo a una concejala que no ha cometido ningún delito», ha defendido, así como que «no existe ninguna investigación judicial ni ninguna causa judicial abierta». Y es así, al menos de momento. Faltará por ver cómo responde la Fiscalía a la denuncia que el PP de Castellón asegura que presentará.

Los populares hablan de un caso de «extrema gravedad» y ponen el foco en los pagos en B. En palabras de su portavoz local, Miguel Ángel Martínez, de todas las acusaciones del informe de Antifraude una de las que más les preocuparían sería que «pagaron en metálico al familiar de una concejala y este ha obtenido un beneficio económico neto indebido».

Sobre ese tema, el alcalde afirma que quedará probado que ese beneficio apuntado por Antifraude «no existió».

Han sido casi cinco horas de pleno en el que se han tratado otros temas de interés general, pero este ha acaparado, irremediablemente, casi todo el protagonismo.

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