Indignación vecinal por el aval ambiental del Consell a la planta de residuos de l'Alcora

La plataforma ciudadana No a la Contaminació ha mostrado este martes su “profunda indignación” por la tramitación de la nueva declaración de impacto ambiental favorable (DIA) para la planta de gestión de residuos sanitarios y peligrosos de Aprocol, la antigua Reyval, en l’Alcora.

El colectivo vecinal acusa a la Conselleria de Medio Ambiente de haber actuado con “falta de transparencia” al emitir la resolución sin realizar ninguna comunicación previa a la asociación, pese a que figura formalmente como parte interesada en el expediente de la Autorización Ambiental Integrada desde el 4 de diciembre de 2019.

La reacción de la plataforma llega después de que la Generalitat haya dado un nuevo paso a favor del proyecto impulsado por Aprocol en la partida Azagador de la Torreta, como publicó Mediterráneo en mayo. La resolución considera la instalación “ambientalmente aceptable” y permite continuar la tramitación administrativa de una planta que ha generado una fuerte contestación social y política en el municipio.

"Indefensión jurídica"

Desde la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació califican lo ocurrido de “indefensión jurídica”, al asegurar que tuvieron conocimiento del contenido de la DIA una vez publicada, sin haber recibido las notificaciones individuales que, según sostienen, les corresponden como parte personada en el procedimiento.

“Que la administración autonómica tramite una actualización ambiental de esta envergadura de espaldas a los vecinos ya personados evidencia una preocupante falta de transparencia. No se trata solo de un debate técnico, sino de un defecto de forma que vulnera nuestros derechos de participación y acceso a la información ambiental”, denuncian desde la asociación.

El colectivo considera que esta falta de notificación abre la puerta a una nueva batalla jurídica contra el procedimiento. De hecho, la plataforma asegura que su personación previa en el expediente le otorga “la fuerza jurídica necesaria” para exigir la impugnación total del trámite administrativo por opacidad.

Falta de transparencia

La asociación sostiene que la falta de transparencia viene de lejos y sitúa el origen del conflicto en 2018, cuando, según recuerda, la empresa solicitó la confidencialidad de parte de la documentación para impedir que la plataforma accediera a los documentos más sensibles del proyecto. Ahora, el colectivo denuncia que se pretende “evitar el acceso” a la documentación aportada por Aprocol para actualizar el proyecto a la normativa vigente.

En este contexto, la plataforma ya ha presentado un escrito ante la administración autonómica en el que incorpora una denuncia por defecto de forma. El argumento central es la omisión de las notificaciones obligatorias a las partes interesadas, una circunstancia que, a juicio del colectivo, puede servir como base para reclamar la invalidez del procedimiento.

Expediente largo y complejo

El nuevo movimiento de la Generalitat se enmarca en un expediente largo y complejo, marcado por decisiones administrativas y judiciales de signo contrario. En 2022, la propia administración autonómica denegó la Autorización Ambiental Integrada apoyándose en la incompatibilidad urbanística defendida por el Ayuntamiento de l’Alcora. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimó en 2024 el recurso de la empresa, anuló aquella denegación y declaró compatible el proyecto con el planeamiento urbanístico municipal.

Tras esa sentencia, el alto tribunal valenciano dictó un auto de ejecución provisional que obligaba a continuar con la tramitación administrativa de la planta. Como consecuencia, la Generalitat dejó sin efecto la denegación de 2022 y reactivó tanto la Autorización Ambiental Integrada como la evaluación de impacto ambiental, que ahora ha culminado con una DIA favorable.

Pese a este avance administrativo, la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació advierte de que no va a detener ni la movilización ni el control legal del expediente. El colectivo exige a la Generalitat una “rectificación inmediata” en el trato a los colectivos locales y defiende que el futuro de l’Alcora y de su territorio debe abordarse “con luz y taquígrafos”.