La preocupación por la investigación del Seprona moviliza a La Foya: la asociación alcanza el centenar de socios

Cuando hace unos días se dio a conocer la constitución de la asociación La Foya Es Vilafamés, que aglutina a todos los afectados por la investigación penal abierta por el Seprona sobre esta zona residencial sin urbanizar, la agrupación contaba con poco más de cuarenta socios. Después de que este periódico sacara a la luz pública su problemática, el número de personas interesadas en recibir asesoramiento legal y abordar su situación desde la unión se ha multiplicado.

Explica la abogada urbanista que han contratado para asesorarles y acompañarles en este proceso, Lidia Navas Esteller, que entre las nuevas incorporaciones hay personas que temen que sus viviendas acaben en el punto de mira de la Guardia Civil, pero también vecinos que tienen la infracción penal prescrita, porque sus casas llevan más años construidas, «pero por solidaridad y porque quieren que este conflicto se resuelva, también han decidido sumarse a esta iniciativa».

Tras la mencionada asamblea, según detalla Navas, La Foya Es Vilafamés ha alcanzado el centenar de adhesiones formalizadas, lo que supone prácticamente la mitad de sus más de 200 residentes. Ese crecimiento supone, destaca, dar más representatividad a un proyecto que pretende «defender sus intereses comunes, impulsar la búsqueda de una solución urbanística y actuar como interlocutor ante las distintas administraciones públicas».

Piden regularizar la situación

Porque si de algo son conscientes los afectados de un modo u otro por las problemáticas que atañen a esta área residencial, es que la única solución pasa por regularizar su situación a través de la urbanización. Incluso para quienes se enfrentan a la posibilidad de tener que ir a juicio por haber construido en los últimos cinco años de espaldas a la ley, el desarrollo de este residencial podría minimizar sus responsabilidades.

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Lidia Navas explica que hace tres semanas que están esperando a que el alcalde, Abel Ibáñez, les reciba para exponerle sus preocupaciones y propuestas, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

Ibáñez fundamenta esa falta de atención en las discrepancias que existen entre los propios vecinos de la zona. Argumenta que en este controvertido barrio, al menos desde el 2015 han existido hasta tres asociaciones vecinales distintas y «siempre que las he reunido a las tres para tratar temas como el del suministro de agua potable, se producían muchas discusiones y era inviable». Por esa razón, determinó que desde un punto de vista institucional, «la única interlocutora para el Ayuntamiento sería la asociación de propietarios, a través de la cual deberían canalizarse todas las cuestiones que quieran trasladarnos».

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En La Foya Es Vilafamés desconocían la existencia de esa directriz municipal, pero defienden que el alcalde, debería reunirse con cualquier asociación local que lo solicite, y ahora que son un centenar de miembros, «con más razón». Consideran que la solución que necesitan requiere de un entendimiento indispensable con el Ayuntamiento y, por esa razón, confían en poder ir de la mano a partir de ahora.

Un parche para el tema del agua

La nueva asociación, por poner un ejemplo, tiene una valoración de la solución que el Ayuntamiento ha dado a la problemática del suministro de agua potable, acordada, según el alcalde, con la Conselleria de Sanitat. El consistorio ha habilitado un punto de abastecimiento en el casco urbano y ha contactado con una empresa de camiones cuba, para que los residentes pueden tener acceso a este recurso esencial, como exigía garantizar en una resolución el Síndic de Greuges en el 2023.

Se trata de una medida puesta en marcha en enero de este año, que en la agrupación de afectados definen como «insuficiente e ineficaz». Por una parte, «por el elevado precio del transporte, que nos causa un agravio comparativo con el resto de vecinos que residen en el casco urbano». Una cuestión que se ve agravada por el hecho de que «después de recibir el agua en nuestros depósitos o aljibes, en 72 horas deja de ser apta para el consumo si no se realiza un tratamiento de potabilización, lo que aumenta mucho más el coste».

Inciden en que este es un ejemplo de que cualquier acción frente a los problemas cotidianos de este residencial, a parte de que debería estar consensuada con los afectados, no puede suplir a la única solución definitiva, desde un punto de vista administrativo y legal: la urbanización, que aspiran a que el Ayuntamiento agilice.

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