PP y Vox de Nules vuelven a exigir una comisión de investigación y la dimisión de la concejala que contrató los puntos violeta al llegar el caso a la Fiscalía

La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía en el caso de la presunta contratación irregular de los puntos violeta de las fiestas de agosto del 2023 en Nules, avanzada este lunes por Radio Castellón Cadena Ser, ha llevado a la oposición en el Ayuntamiento a exigir la apertura de la comisión de investigación que pidieron en su momento, por parte del PP, y la dimisión de la concejala implicada, Gemma Carratalá, desde Vox.

A falta de una confirmación oficial de lo que sería una nueva fase en la investigación (una confirmación que este periódico ha solicitado por escrito a la Fiscalía de Castellón este lunes, pero todavía no se ha producido), los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento han aprovechado lo apuntado por los medios de comunicación para volver a afearle al alcalde, David García (CeN), que no haya dado la respuesta que se correspondería con la gravedad de los hechos.

Desde el PP critican que ha transcurrido «más de un mes y medio» desde que solicitaron por primera vez la apertura de una comisión de investigación que dirimiera las responsabilidades en este asunto, lo que supondría «adoptar medidas que garantizaran la transparencia, para conocer la verdad de los hechos acontecidos», ha señalado su portavoz, Miguel Ángel Martínez. Recuerda, a su vez, que fue el Partido Popular el que acudió a la Fiscalía tras conocerse la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude, que calificaba de «graves» las irregularidades detectadas en el controvertido proceso de contratación.

Desde Vox, ya no solo piden la dimisión de la concejala, sino también la del alcalde. Su portavoz en el Ayuntamiento, Javier Prior, señala que con la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía «los hechos adquieren ahora una dimensión todavía más grave». Reprochan al alcalde que haya querido «minimizar este escándalo, negándose a asumir responsabilidades políticas y manteniendo a la concejala en su cargo».

No hay notificación por ahora

Para David García, la situación «no ha cambiado». Asegura que la afectada no ha recibido ninguna notificación que confirme que la Fiscalía quiera investigar el asunto. Y aunque así fuera, defiende que el caso «no está judicializado ni hay una condena», por lo tanto y en defensa de la presunción de inocencia, argumenta que no hay motivos para su dimisión.

Para concluir, se reafirma en lo que el Ayuntamiento alegó ante la AVAF: que hubo errores en la tramitación por la carga de trabajo y la urgencia de la contratación, que se produjo poco después del cambio de gobierno y de la asunción de sus responsabilidades por parte de la nueva concejala tras las elecciones municipales , y que se revisarán los procedimientos para que no vuelvan a producirse.

En cuanto a las cuestiones que hacen referencia a la empresa con la que se contrataron los puntos violeta, de la cual el hermano de la concejala es el gerente, incidieron en que no competen al Ayuntamiento, al tratarse de asuntos de gestión privada, pero «nos consta que se han regularizado».

Entre otras irregularidades, la AVAF incidía en que el contrato se realizó por un coste superior al de años anteriores, sin que se hubiera justificado; que se considera probado que hubo un enriquecimiento indebido del empresario con el que se contrataron los puntos violeta, a pesar de que no prestó el servicio, porque este se encargó a dos personas que cobraron en B (un pago que supuestamente hizo la concejala en mano), por lo que ni estuvieron dadas de alta en la Seguridad Social ni se pagaron los impuestos correspondientes.

Será la Fiscalía, de confirmarse la apertura de las diligencias, la que concluirá si considera probadas las irregularidades evidenciadas por la AVAF, y en consecuencia, decide remitir el asunto al tribunal correspondiente para que se inicie la instrucción previa a cualquier juicio. Sería entonces cuando se produciría la imputación de la concejala, si se da el caso.

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