Vilafamés llevará esta semana a pleno el primer paso administrativo para proyectar la urbanización de la Foya: «Vamos unidos en esto»

El Ayuntamiento de Vilafamés llevará a pleno «esta semana, como muy tarde el viernes» la aprobación de las bases de programación reguladoras de la gestión indirecta del PAI la Foya. Así lo ha confirmado este lunes el alcalde, Abel Ibáñez, después de reunirse con la representante de la asociación La Foya Es Vilafamés, que integra a un centenar de vecinos, entre los que se encuentran los más de 40 que están siendo investigados por el Seprona, por construir de forma ilegal en esta urbanización sin desarrollar durante los últimos cinco años.

En el transcurso de la mencionada reunión, la primera que el alcalde mantiene con la representante de los afectados por la investigación penal, Ibáñez firmó el dictamen por el que esas bases de programación llegarán a pleno. La aprobación de este documento pondrá en marcha el procedimiento administrativo que aspira a acabar en los próximos meses con la contratación de un agente urbanizador, que saque adelante el desarrollo de la zona, donde hay construidas más de 200 viviendas.

Tanto para Abel Ibáñez como para Lidia Navas, la abogada que ha asumido el encargo de los vecinos de llevar la dirección letrada de este asunto, el trámite es «fundamental» por dos motivos. El principal, porque activa una fase del caso que «marca un hito positivo para la defensa jurídica de los vecinos investigados», precisa Navas. Además, ambos coinciden en remarcar que llegar a este punto evidencia que «vamos unidos en esto», porque «lo que todos los vecinos quieren es que la Foya se urbanice de una vez», ha defendido Ibáñez.

El alcalde reconoce que la tramitación administrativa se ha acelerado porque «ahora hay personas con problemas muy serios», en referencia a la investigación abierta por parte del Seprona

"De interés general"

Atestiguan que atrás quedan las diferencias que en algún momento pudieron dificultar otras vías de urbanización en el pasado. «Ahora la situación es muy distinta, porque sacar adelante este proyecto es de interés general, y los afectados están de acuerdo en que es lo mejor para todos», afirma el alcalde, quien asegura que tampoco es una posición repentina, «llevamos mucho tiempo trabajando para unir los intereses de los vecinos».

Aunque defiende que «el trabajo viene de lejos», lo que Ibáñez no niega es que el proceso se ha precipitado en las últimas semanas, en cuanto a la gestión urbanística que le corresponde al Ayuntamiento, porque «ahora hay gente con problemas muy serios».

Navas incide en que si el consistorio «ha dado un empujón a este tema» ha sido como consecuencia «de la presión de los afectados», aunque valora que, sea cual sea la razón por la que el pleno va a poner en marcha precisamente ahora los trámites burocráticos pertinentes, «lo más importante es que eso nos hace sentir arropados, el alcalde ha empatizado con la grave situación que afecta a estos vecinos y ha acelerado la gestión».

Por delante quedan meses de trabajo administrativo, que incluye, entre otros, un periodo de exposición pública de las bases de programación en el que podrán presentarse alegaciones que, en el caso de haberlas, deberán resolverse, y la posterior aprobación y publicación de las bases de licitación.

Será entonces cuando las empresas «o los mismos propietarios, si les interesa y así lo deciden», ha remarcado la abogada, podrán presentar sus proyectos para el desarrollo de un PAI en una superficie que, como recuerda, ya estaba contemplada en el PGOU como «suelo urbanizable no programado», es decir, el avance en este procedimiento puede cambiar la posición de los propietarios de manera considerable.

Resulta significativo mencionar que todos los residentes y el resto de propietarios de las parcelas sin construir pagan IBI de urbana, por esa calificación del suelo que ocupan, pero las viviendas no serán legales hasta que no se desarrolle de manera conveniente, aunque para que eso empiece a vislumbrarse habrán de pasar muchos meses, si todo va bien, porque la burocracia urbanística es especialmente larga y garantista.

Situación anómala

En la actual tesitura, cualquier avance, por mínimo que sea, establece una voluntad de regularizar una situación anómala y mejora las expectativas de quienes corren el riesgo de acabar frente a un juez por haber hecho, al fin y al cabo, lo mismo que el resto de sus vecinos, con la diferencia de que su delito, al cometerse en los últimos cinco años, no ha prescrito.

La prescripción del delito, sin embargo, no exhime de responsabilidad al resto de propietarios. Desde un punto de vista administrativo, si la urbanización no saliera adelante, como pasa con tantas otras urbanizaciones similares repartidas a lo largo y ancho de la provincia, el riesgo de recibir multas y de que pudiera ordenarse la demolición para así restablecer la legalidad urbanística permanecería vigente, algo ante lo que «siempre hemos estado en contra», asegura el alcalde, de ahí que se considere prioritario el desarrollo urbanístico.

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