La investigación por las viviendas de la Foya de Vilafamés entra ya en fase judicial

La investigación de los propietarios que construyeron sus viviendas durante los últimos cinco años en la Foya de Vilafamés avanza y ya están llegando los primeros expedientes al juzgado. Así lo confirman diversas fuentes consultadas por Mediterráneo, lo que no hace más que acreditar que el procedimiento que afecta por el momento a algo más de cuarenta de las más de 200 casas construidas en suelo urbanizable no programado es imparable.

La toma de declaración de los afectados está haciéndose de manera paulatina. Hasta el momento habrían pasado por ese trámite media docena de propietarios, número similar al de los expedientes que ya se habrían derivado al tribunal correspondiente, en la fase inicial del procedimiento penal.

El Seprona solicita información al Ayuntamiento sobre cada uno de los afectados, razón por la que el Ayuntamiento está remitiéndoles de forma paralela un expediente municipal de restauración de la legalidad urbanística. Se trata de la vía administrativa que suele acompañar a estos casos de construcciones en zonas no urbanizadas y que, como reconoció el alcalde, hasta la fecha no se habían iniciado, pese a conocer la existencia de las casas ilegales, «para no perjudicar a los vecinos».

Aprobación de las bases

Las responsabilidades legales de los vecinos investigados podrían matizarse si arrancara el desarrollo urbanístico de la Foya y el primer paso para iniciar ese proceso está en tramitación: la aprobación de las bases de programación reguladoras de la gestión indirecta del PAI, que según avanzó el alcalde, Abel Ibáñez, tras una reunión con la representante legal de los investigados, tenían previsto llevar a pleno «antes de acabar esta semana».

Finalmente, no será esta semana, porque todavía no se ha convocado. En un comunicado emitido por el Ayuntamiento, se apunta a que ese plenario se celebrará «en los próximos días», sin concretar cuándo. En cualquier caso, es un trámite inminente, de acuerdo con el compromiso adquirido por Ibáñez.

Aunque el primer edil ha reconocido que la apertura de la investigación ha acelerado las gestiones para dar un impulso a la fase previa de la licitación del desarrollo del PAI ante «la gravedad de los hechos», insiste en defender que «no es una cuestión menor que se soluciona ni con una semana ni con apenas una reunión».

En ese sentido, Ibáñez ha querido «poner en valor el trabajo realizado conjuntamente con la junta de la comunidad de propietarios», una junta de la que forma parte la concejala de Salud, Servicios Sociales y Vivienda, Myriam Pascual Celades, propietaria de una de las viviendas de la Foya.

La comunidad de propietarios renovó sus cargos representativos en el 2022 y desde entonces, según Ibañez, «se han encauzado las gestiones en busca del bienestar general de los habitantes de la zona». Incide en que en los últimos cuatro años «se han estrechado contactos para conseguir lo que era impensable unos años atrás» y atribuye a ese trabajo conjunto que se lleven a aprobación las mencionadas bases de programación.

"Un antes y un después"

El alcalde muestra especial interés en atribuir a la junta de la asociación que se haya marcado «un antes y un después para desbloquear una situación que estaba paralizada», si bien es cierto que la redacción del documento que arranca las gestiones administrativas para plantear la urbanización no se han completado hasta que el Seprona inició su investigación, se constituyó la asociación de afectados y se hizo pública su situación a través de este periódico.

Ibáñez afirma que en el proceso de búsqueda de una solución urbanística, «han existido discrepancias de algunos propietarios que se han mantenido siempre aisladas de la tónica general consensuada, sin repercutir en un cambio de dirección en la gestión de este asunto».

Sea como sea, la única opción para todos los problemas que afronta esta zona residencial es la urbanización. Y en eso coinciden, por lo que han manifestado públicamente, el Ayuntamiento, los propietarios que afrontan el procedimiento penal y el resto de vecinos que, pese a que su delito esté prescrito y no corren el riesgo de llegar a juicio, mantienen la situación de irregularidad, al haber construido sus casas de espaldas a la ley.

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