Cinctorres concede la licencia de la MAT del Clúster del Maestrazgo pese a su rechazo y Morella mantiene en 'stand by' el expediente

Novedades en Els Ports en torno al Clúster del Maestrazgo, el macroproyecto eólico concentrado en Teruel que, para dar salida a toda la energía de los 122 aerogeneradores proyectados en la provincia vecina, contempla una línea de evacuación de muy alta tensión (MAT) que discurriría por Cinctorres, Portell y Morella. La iniciativa está promovida por el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), tras adquirirla a Forestalia.

El Ayuntamiento de Cinctorres aprobó en pleno el viernes por la noche la licencia de obras para implementar ese tendido eléctrico, mientras que en Morella el expediente continúa abierto a la espera de documentación requerida por los servicios técnicos municipales.

Ese visto bueno no supone un cambio en la postura política del consistorio de Cinctorres. La alcaldesa, Mireia Mestre, reitera su oposición frontal al plan, pero la normativa obliga a conceder la autorización cuando se cumplen todos los requisitos administrativos. «El pueblo de Cinctorres en general y este Ayuntamiento en particular nos oponemos diametralmente al proyecto. Sin embargo, la empresa ha presentado toda la documentación y la Generalitat ha emitido los informes favorables. Ante esta situación, la ley nos obliga a conceder la licencia de obras», argumenta la primera edila.

Con el objetivo de explicar esta situación a la ciudadanía, el Ayuntamiento celebró el miércoles una reunión informativa abierta en la que expuso el estado del expediente y los motivos jurídicos que han llevado al consistorio a conceder el permiso pese a mantener su rechazo a la línea de evacuación eléctrica. La alcaldesa recuerda que la licencia está condicionada al cumplimiento de todas las exigencias impuestas por la Generalitat: «Si no se cumple alguno de los requerimientos establecidos, las obras podrían paralizarse». Asimismo, incide en que la autorización administrativa previa continúa suspendida por la tramitación de distintos recursos, por lo que las obras no podrán iniciarse hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica los resuelva.

Mestre también denuncia las comunicaciones recibidas por parte de la promotora durante la tramitación del expediente. Según desgrana, el Ayuntamiento recibió un escrito en el que se advertía de posibles acciones judiciales por un presunto delito de prevaricación si no se concedía la licencia conforme a la normativa: «Lo consideramos una coacción lamentable».

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Expediente abierto en Morella

La situación es diferente en Morella, donde el Ayuntamiento todavía no ha resuelto la solicitud de licencia presentada por la empresa hace cerca de dos años. El alcalde, Bernabé Sangüesa, detalla que la promotora ha ido aportando la documentación requerida, pero considera que esa documentación sigue siendo insuficiente para continuar el procedimiento. «Para poder avanzar necesitamos disponer de las autorizaciones de los propietarios afectados. Hasta que esa documentación no se aporte y se subsanen las deficiencias detectadas, el expediente no podrá seguir avanzando», dice el munícipe.

Sangüesa reitera que el posicionamiento político del Ayuntamiento no ha cambiado desde el inicio del proyecto. «Llegados al punto en que la ley nos obligue, nos veremos obligados a acatar la norma, aunque seguimos manteniendo una oposición frontal», señala, a la vez que también asegura haber recibido presiones personales. «He recibido comunicaciones en las que se me traslada que, si no concedo la licencia de obras, se interpondrán acciones judiciales contra mí por un presunto delito de prevaricación», advierte.

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Réplica de la promotora

Desde CIP rechazan las críticas de los ayuntamientos y sostienen que el proyecto ha cumplido todas las exigencias administrativas necesarias para la obtención de las licencias municipales. La compañía asegura haber realizado «un esfuerzo enorme» para alcanzar acuerdos con los propietarios afectados por el trazado y afirma haber logrado un elevado porcentaje de pactos. No obstante, reconoce que, como sucede en cualquier gran infraestructura lineal, es casi imposible alcanzar acuerdos con la totalidad de los propietarios, pese a que la declaración de utilidad pública permitiría acudir al procedimiento expropiatorio.

La empresa sostiene que ha entregado toda la documentación requerida por las administraciones locales y que no existe ningún trámite pendiente. Además, señala que, de forma voluntaria, elaboró dos informes sobre patrimonio cultural relativos a la difusión de grabados rupestres y encargó una memoria específica de conservación a una especialista en arte rupestre de la Comunitat. Respecto al calendario de ejecución, la compañía confía en iniciar las obras en cuanto el Ministerio resuelva los últimos recursos de alzada que permanecen pendientes.

Fuentes del proyecto explican que, ante la demora en la resolución de las licencias municipales, remitieron informes jurídicos a los ayuntamientos recordando que la concesión de este tipo de autorizaciones constituye un acto reglado y que, una vez acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales, la administración tiene la obligación de resolver favorablemente.

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