Pequeño respiro para los vecinos investigados en la Foya de Vilafamés: el Ayuntamiento aprueba el primer paso para llegar a legalizar sus casas

Los vecinos objeto de la investigación abierta por el Seprona en la Foya de Vilafamés por haber construido de espaldas a la ley durante los últimos cinco años, ya tienen un documento oficial que establece la intención de urbanizar la zona en la que se encuentran sus viviendas, con lo que se regularizaría su situación legal.

El Ayuntamiento ha cumplido con el compromiso que había adquirido con los afectados, al llevar a pleno con la mayor premura posible la aprobación de las bases de programación reguladoras de la gestión indirecta del PAI de la Foya, un acuerdo que ha salido adelante con la unanimidad de los votos de los grupos municipales, por lo que la tramitación administrativa para licitar la contratación de un agente urbanizador se ha puesto en marcha.

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Este avance no exime a los propietarios investigados, cuyos expedientes están empezando a llegar a los tribunales, de sus responsabilidades legales, pero sí que les da un argumento sólido en su defensa para tratar de mitigarlas, al demostrarse que existe una voluntad política y un procedimiento público abierto para desarrollar la urbanización, la única vía posible de legalización de las casas, no solo las más de cuarenta comprometidas por la vía penal, sino la totalidad de las más de 200 construidas hasta la fecha, incluidas las que tienen el delito prescrito, pero que mantienen su irregularidad desde el punto de vista administrativo.

Ley urbanística valenciana

Para que se alcance el mejor de los desenlaces para los intereses de los residentes en la Foya, habrán de completarse una serie de exigencias definidas por la ley urbanística valenciana. La validación inicial de ese acuerdo plenario la dará su publicación, con un periodo de exposición pública en el que podrán presentarse alegaciones, que deberán ser resueltas; a continuación, deberán aprobarse y publicarse las bases de licitación, lo que abrirá el concurso público en el que podrá presentarse alguna empresa o los propios vecinos constituido en Agrupación de Interés urbanístico. Tras cumplirse con los plazos habituales, se seleccionará al agente urbanizador, lo que pondrá en marcha la fase determinante, la de las obras.

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El agente urbanizador será el encargado de gestionar el convenio de programación, de proponer para su aprobación un proyecto de reparcelación que deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad y de ejecutar el desarrollo. Desde la selección definitiva del agente y el inicio de las obras, legalmente, pueden transcurrir entre 6 y 18 meses como mínimo, aunque lo habitual en este tipo de procedimientos es que se alarguen durante años, dada la complejidad de la norma urbanística y su confrontación con los intereses privados, en este caso, los de los propietarios.

Necesidad del plan municipal

El procedimiento no podía arrancar sin que el Ayuntamiento redactara y aprobara las mencionadas bases de programación, ni tendrá continuidad hasta que se licite la contratación de agente urbanizador, pero a partir de ese momento, la implicación de los vecinos será crucial, pues de que exista una mayoría que apoye la urbanización y la facilite dependerá su viabilidad, al fin y al cabo, van a ser los residentes los que tendrán que financiar esa actuación y los que se verán afectados por acuerdos, por lo general, tan controvertidos como la reparcelación.

Recientemente, el alcalde, Abel Ibáñez, defendió que existe una gran sintonía con la nueva junta de la comunidad de propietarios, lo que ha facilitado que exista un respaldo para un desarrollo urbanístico que ya se planteó en el 2007, pero que no llegó a materializarse porque vecinos del residencial en su día recurrieron el proceso, el asunto acabó en los tribunales y se anuló la iniciativa. Desde entonces, no se había vuelto a plantear esta opción.

Dentro de lo comprometido de la situación para los propietarios investigados, la resolución de su situación de ilegalidad es más factible que en otro tipo de construcciones realizadas en suelo rústico no contempladas como urbanizables en los PGOU, generalizadas a lo largo del territorio provincial. Las casas de la Foya de Vilafamés están construidas en suelo urbanizable no programado, por lo que solo con cambiar legalmente la segunda parte de esa calificación, con la programación y desarrollo de la zona, el problema principal quedaría resuelto.

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