De prosperar la propuesta presentada por el Gobierno central ante la UE, se produciría una modificación encubierta y fraudulenta del Estatuto de Autonomía.
La propuesta del Gobierno desconoce la voluntad de los valencianos, expresada en el Estatuto de Autonomía.
Un supuesto "consenso de la comunidad académica y universitaria, por muy amplio que sea, no puede suplantar a la ley, que establece que el valenciano sea un idioma, en su concepción legal, independiente de cualquier otra lengua oficial en otras comunidades autónomas.
La actuación "no solo vulnera el Estatuto de Autonomía en lo relativo al idioma, sino también en cuanto a la libertad de los valencianos y la competencia exclusiva de la Generalitat para determinar cuáles deben ser sus señas de identidad".
La actuación vulnera la normativa en materia de traducción a las lenguas cooficiales de las normas estatales, las cuales se publican en el BOE en valenciano y en catalán.
