Las pymes y empresarios autónomos valencianos tendrán a su disposición 241 millones de euros para operaciones de crédito de hasta 60.000 euros, según un convenio suscrito hoy por Cepymev y once entidades financieras.

Esta financiación se destinará en parte a hacer frente a la morosidad de las Administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, según ha indicado el presidente de Cepymev, Salvador Navarro, que ha reclamado el establecimiento de "plazos máximos lógicos" de pago a los proveedores.

"En la parte privada se han ido rebajando los plazos de pago hasta los 85 días, y la parte pública tiene que cumplir con sus compromisos y marcar unos plazos máximos", ha explicado.

Según Navarro, no se trata de que el pago se realice a los 30 días, como marca la ley, sino de un plazo "máximo lógico" que reduzca los 170 días de plazo medio que ha determinado la Plataforma contra la morosidad.

Así lo ha explicado tras la firma de un convenio de colaboración con Bankia, BBVA, La Caixa, Banco Santander, CAM, Banco Sabadell, Caixa Ontinyent, Banco Popular, Banco Pastor, CajaCampo y Cajamar para conceder una línea de microcréditos a las pymes.

Sobre estas operaciones -podrían materializarse unas 4.000-, Navarro ha señalado que muchas veces créditos de poco importe como 25.000, 30.000 ó 60.000 euros "tienen un gran peso a nivel financiero" para "un fontanero o una peluquería".

La línea de financiación, con un interés preferencial, servirá, según ha destacado, para el mantenimiento o creación de empleo y para el autoempleo, y para la consolidación y ampliación de los negocios, ha dicho el presidente de Caixa Ontinyent, Rafael Soriano.

Soriano ha reconocido las dificultades de crédito de las pymes, pero ha asegurado que también afectan al sector financiero tanto por la menor captación de recursos como por la dificultad de acceder a financiación.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, quien ha achacado a la falta de crédito y a la morosidad de las Administraciones y de las grandes empresas hacia las pequeñas el cierre de "muchos autónomos".

Ha recordado que, de la deuda a proveedores en España, 10.000 millones de euros del sector sanitario se deben "a lavanderías, panaderos, carniceros y textiles".

Terciado ha instado a las entidades financieras a que participen en el capital de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) "y las doten de solvencia", ya que son otro instrumento más para satisfacer las necesidades de crédito de las empresas.

El presidente de la confederación valenciana ha ampliado esta petición a la Administración autonómica, y no ha descartado que se puedan hacer colaboraciones con la SGR de la Comunitat Valenciana.

Según los últimos datos de la SGR, unos avales de 380 millones de euros permitieron mantener 23.000 puestos de trabajo y crear unos 2.500, unas cifras que se pueden extrapolar en proporción a la línea de microcréditos suscrita hoy.

Navarro ha pedido al sector financiero que "no elimine" de su financiación a las empresas por ser de un determinado sector como el de la construcción, ya que, ha dicho, no hay sectores en crisis sino empresas con una gestión inadecuada.