El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer que el Gobierno valenciano aprobará en su reunión plenaria del día 28 el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para el 2012 “a pesar del Gobierno”, que no todavía ha dicho a las comunidades autónomas los ingresos que van a tener el próximo año.

Fabra se pronunció así en el pleno de Les Corts durante la sesión de control, donde confirmó que no prorrogará el próximo año las cuentas pese a que desconoce las transferencias que percibirá la Comunitat. Además, insistió en denunciar la “irresponsabilidad” del Ejecutivo por no prorrogar sus presupuestos, al tiempo que aseguró que mantendrá el peso del 83% de las cuentas regionales para políticas sociales, de manera que no se dejará “a ningún valenciano sin la prestación de servicio social que le corresponda”.

El president reiteró que el presupuesto será “realista y austero”, y que no se subirán los impuestos. “Tampoco recortaremos ningún derecho social”, añadió.

Sobre la deuda, Fabra aseguró que los gastos financieros que genera, como las amortizaciones, se pagan el día del vencimiento, ya que el Gobierno valenciano se ha comprometido siempre a pagar de este modo “cuando corresponde, sin que eso suponga ningún tipo de interés de demora”.

El portavoz socialista, Jorge Alarte, instó a Fabra a ser “valiente” para recortar en los presupuestos los “fastos” y los “excesos”, eliminar cargos y acabar con los 12.436 “enchufados”, mientras que el portavoz de Compromís, Enric Morera, aseguró que el Consell paga cada día un millón de euros en intereses y que la Conselleria de la deuda es muy grande. Alarte instó al president a reducir su Gobierno y a tomar decisiones “arriesgadas”, de forma que suba los ingresos de la Generalitat y los impuestos a las rentas altas y cobre el impuesto de patrimonio.

Preguntado por Esquerra Unida respecto a los grandes proyectos urbanísticos, Fabra dejó claro que la actitud de la Generalitat es la del respeto a la autonomía de los ayuntamientos y tutela y comprobación de que la legalidad se cumple totalmente por consistorios y urbanizadores. EU también preguntó cuándo paralizará la Ordenación Urbana de Alicante, “cuya tramitación está plagada de actuaciones que son irregulares”, a lo que, desde su escaño, la alcaldesa Sonia Castedo gritó: “Never” (nunca, en inglés).

En otro orden de cosas, el jefe del Consell también habló de agricultura para anunciar que solicitará al futuro Gobierno central, tras el 20-N, que haga una defensa “clara y contundente” de los intereses del campo valenciano y protestar por la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que supone un “gravísimo problema” para la Comunitat. H