La Generalitat valenciana se personará como acusación particular en el caso de presunto fraude de las ayudas destinadas a cooperación, según ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar.
El pleno del Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para que "pueda ejercer las acciones penales y civiles que resulten necesarias para la defensa de los derechos de la Generalitat", respecto a las diligencias previas del procedimiento abreviado 001743/2011, que tramita el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por las presuntas irregularidades relacionadas con los expedientes de cooperación.
El Gobierno valenciano considera que el objeto de las diligencias que tramita este órgano judicial "lo constituyen hechos que afectan a los intereses de la Generalitat", por lo que se ha adoptado esta decisión, de acuerdo con las previsiones legales, para que la Abogacía de la Generalitat pueda ejercitar las acciones judiciales pertinentes.
Por este mismo asunto, el pleno de las Corts Valencianes aprobó el pasado 24 de febrero el cese del director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, y del subsecretario del departamento de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, en relación a la investigación sobre las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones.
Alberto Fabra, en varias ocasiones, ha señalado que no se puede permitir que "se ponga en duda la gestión de un gobierno y la credibilidad de un gobierno", y ha destacado el "compromiso" de "transparencia y honradez" de su Ejecutivo. 19 IMPUTADOS
La causa abierta en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad, cuyo titular era el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, a distintas ONG, cuenta con 19 imputados, dos de ellos pendientes de localizar con una requisitoria.
