Los tres grupos de la oposición coincidieron ayer en solicitar la cabeza del exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y actual portavoz del grupo parlamentario popular en Les Corts Valencianes, Rafael Blasco. Consideran que, independientemente de cuál sea el resultado de la investigación judicial, él tiene que asumir una responsabilidad política por los hechos, ya que todos el entramado investigado se produjo, presuntamente, durante su etapa como conseller.
Hay que recordar que en la actualidad hay 22 personas imputadas en el caso de Cooperación, dos de ellas exaltos cargos del Consell y hombres de confianza de Blasco. Todos ellos están acusados de desviar, presuntamente, hasta 10 millones de euros que debían ir al desarrollo en el tercer mundo para la adquisición de inmuebles. El jueves se anunció el levantamiento del secreto del sumario por parte del magistrado.
Para la diputada socialista en Les Corts, Clara Tirado, las informaciones son “de tal gravedad que si Blasco tuviera el mínimo de decencia o de dignidad política debería marcharse al margen de las consecuencias jurídicas o penales que pudieran derivarse del proceso”, y que Blasco “no puede estar ni un minuto más como el portavoz que sostiene al Gobierno de la Comunitat”.
ACUSACIÓN POPULAR // En este sentido, el PSPV no descarta personarse en la causa, según desveló ayer viernes el portavoz de los socialistas valencianos, Francesc Romeu, si bien todo depende de “un análisis” de los hechos.
La diputada autonómica de EUPV Marina Albiol cree que “el presidente de la Generalitat Alberto Fabra está tardando mucho en quitarse de encima” al que considera “el máximo responsable político de la trama”.
Blasco no se pronunció ayer sobre su situación. Fuentes de su entorno en el PPCV se limitaron a negar cualquier tipo de responsabilidad y recordaron que no ha sido imputado en la causa. H
