La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que cite a declarar como testigos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Comunitat Francisco Camps. En un escrito presentado minutos después de las 14.00 horas ante el juzgado de instrucción número 3 de Palma, el ministerio público pide a Castro que llame a declarar a los dos políticos del PPCV (son ambos diputados autonómicos) y a otras personas relacionadas con los contratos entre organismos públicos valencianos y el Instituto Nóos.

La alcaldesa y el exjefe del Consell quedaron exentos de ser imputados en la causa, como había planteado el juez instructor y la Fiscalía, el pasado 24 de septiembre por decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que no apreció indicios suficientes de la implicación de ambos en los delitos que se investigan. Anticorrupción considera, no obstante, que deben testificar para explicar su participación y conocimiento en los contratos suscritos por el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, para la organización de los foros Valencia Summit de 2004 a 2006 y por los proyectos infructuosos para acoger los Juegos Europeos y los de la Juventud, trabajos por los que cobraron 3,5 millones de euros públicos.

El instructor del caso Nóos instó a la Fiscalía a pronunciarse sobre la petición de la acusación popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, de que Barberá y Camps fuesen interrogados como testigos. Será el juez quien decida finalmente si la alcaldesa y el expresidente han de explicar si negociaron o tuvieron conocimiento de los contratos que Urdangarin firmó con las administraciones de las que eran responsables, acuerdos que se investigan como fuente de malversación de fondos públicos.

En la resolución en la que negaba la existencia de indicios delictivos para imputar a Camps y Barberá y rechazaba asumir la investigación judicial, dada su condición de diputados autonómicos, el TSJCV argumentó que en las actuaciones practicadas no consta que participaran directa y voluntariamente en los hechos investigados. En la “amplia y prolija” instrucción llevada a cabo no se encuentran “indicios suficientes”, pese a que se relatan unos hechos que a priori parecen presentar “claros indicios delictivos”, señalaba en su día el alto tribunal valenciano. H