El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, volvió ayer a desoír la reivindicación de la Generalitat de abrir el melón del nuevo modelo de financiación que no penalice a la Comunitat respecto a otras regiones españolas y se limitó a anunciar el reparto de 3.903 millones de euros extraordinarios en 2015 entre todas las autonomías a cuenta de la mayor recaudación prevista, si bien no especificó el sistema de reparto, que si se hace en base al actual modelo reproducirá la actual distribución injusta, y que supone 13.000 millones de déficit histórico para la Comunitat Valenciana, una situación que también reivindican oposición y empresarios.

El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, regresó a Valencia de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sin el objetivo de la nueva financiación, lo que aboca a la Generalitat a seguir percibiendo 200 euros por debajo de la medida estatal por ciudadano y año. “Con lo que estamos recibiendo, nos quedamos a 1.000 millones de cubrir sanidad y educación cuando además nuestro presupuesto en sanidad es el antepenúltimo menor per cápita, y todo ello sin tener en cuenta el resto de políticas sociales, como son bienestar social y justicia”, razonó al salir.

El ministro Cristóbal Montoro justificó tras la reunión del CPFF que el clima político actual no es el adecuado para abordar la reforma del sistema de financiación. Montoro dejó claro que no piensa promover una discusión sobre la financiación que genere “agravios y enfrentamientos” entre las comunidades autónomas o entre las comunidades y el Gobierno. Y ahora, lamentó, existe “demasiada discusión, demasiado pensar en agravios comparativos”.

SIN FECHA // No obstante, Montoro apuntó que “los climas cambian” y que, si en un futuro mejora, el Gobierno estará “encantado” de propiciar el debate. Hay que recordar que Montoro se comprometió a abordar este asunto en el 2014 para que estuviera vigente el nuevo modelo en el 2015. Un extremo que desde el Consell se defiende que sea en base a criterios de población y no de territorios.

La infrafinanciación y su elevado déficit ha abocado a la Generalitat a recibir en los últimos años 20.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 3 años, un dinero que hay que devolver al Gobierno con intereses. “La posición de la Comunitat va a continuar siendo firme en la petición de un nuevo modelo de financiación ya que es fundamental para dar cobertura a los servicios públicos fundamentales y mientras que no entre en vigor, se nos compense mediante la articulación mecanismos de nivelación”, dijo Moragues.

“Abogamos por un nuevo modelo de financiación pensado para las personas y no para los territorios, y que, del mismo modo que pasa con las pensiones y el desempleo, se garantice la sanidad, la educación y los servicios sociales”, añadió el conseller.

Pese al adelanto de 3.903 millones de euros extraordinarios en el próximo 2015 como consecuencia de la mejora prevista en la recaudación, las autonomías deben devolver al Ejecutivo 2.158 millones por la liquidación negativa del pasado año.

DÉFICIT LINEAL // El CPFF también ratificó, con los votos a favor de todas las comunidades gobernadas por el PP y el rechazo de Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias, el programa de estabilidad 2015-2017. El documento fija un objetivo lineal para el 2014 del 1% del PIB para todas las comunidades autónomas.

El Gobierno central, por tanto, renuncia este año a conceder objetivos de déficit distintos como en el 2013 y opta por volver al sistema tradicional de un mismo listón para todos, lo que claramente perjudica a la Comunitat al ser una de las peor financiadas y de las que cuentan con un déficit más elevado: 2,33% en 2013.

La senda marcada hasta 2017 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, será del 1% en 2014; del 0,7% en 2015; del 0,3% en 2016; y, finalmente, el equilibrio presupuestario en 2017.

El conseller Moragues señaló que su voto a favor del déficit simétrico está “condicionado” al nuevo modelo de financiación, con efecto retroactivo al 1 de enero del 2014, o a que se habilite un mecanismo de compensación a fondo perdido mientras no esté vigente el nuevo sistema --1.000 millones de euros al año--. H