Valencia, 13 feb (EFE).- El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción para la cúpula del PP valenciano en 2007 y 2008, varios empresarios y los supuestos cabecillas de la trama, llega casi cuatro años después de que el caso Gürtel recalara en Valencia para investigar si el PPCV se había financiado irregularmente.
El pasado 15 de diciembre, el juez instructor de Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, José Ceres, dio por concluidas las diligencias de tres piezas sobre supuesta financiación irregular del PPCV, lo cual implica que solo queda por acabar de instruir una pieza, la referida a las contrataciones de RTVV para la cobertura de la visita del papa.
La causa por supuesta financiación irregular del PPCV tiene su origen en la investigación iniciada en 2009 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una presunta trama de corrupción, la red Gürtel, cuyo avance dio lugar a piezas separadas en distintos órganos judiciales.
La Audiencia Nacional remitió la práctica totalidad del procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al haber aforados de su Asamblea, excepto la denominada "causa de los trajes", que ya se juzgó en Valencia y en la que se absolvió a Francisco Camps y Ricardo Costa.
Durante la investigación, el instructor del TSJM constató posibles irregularidades en la contratación entre empresas vinculadas a Francisco Correa y la Administración valenciana, así como posibles delitos electorales en 2007 y 2008, por lo que se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
El TSJCV aceptó en mayo de 2011 la causa y la dividió en tres piezas: una sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, otra sobre presunto delito de falsedad documental en las elecciones generales de 2008, y una tercera sobre posible prevaricación en la contratación de la Generalitat por Orange Market por el pabellón de Fitur.
En febrero de 2013, el instructor de la causa acordó abrir tres nuevas piezas separadas, referidas a los contratos de RTVV con motivo de la visita del papa a Valencia, los convenios entre la Generalitat y la red Gürtel (excepto los de Fitur), y supuestos delitos contra la Hacienda de Orange Market.
De las seis piezas separadas, la investigación más adelantada es la número 3, la referida a los contratos sobre Fitur, ya que en diciembre de 2012 concluyó la investigación judicial, en julio de 2013 se abrió juicio oral contra los trece procesados, y en febrero de 2014 se señaló el comienzo de la vista para el 31 de marzo.
No obstante, la renuncia al acta de diputadas autonómicas de dos procesadas días antes del comienzo del juicio conllevó su suspensión cautelar y llevó al TSJCV a determinar que no era competente, aunque a principios de diciembre el Supremo dictaminó finalmente que será el TSJCV el que juzgará esa pieza a partir del próximo 31 de marzo.
La siguiente pieza cuya instrucción terminó fue la número cinco, referida a un supuesto delito de prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa, a excepción de la contratación investigada en la pieza sobre Fitur, entre 2004 y 2009.
La instrucción concluyó en julio de 2014 con el procesamiento de 27 personas, entre ellos tres exconsellers, altos cargos de varias consellerias y el diputado autonómico del PP y ex secretario autonómico de Deporte David Serra.
En la única pieza que falta por acabar de instruir, la número 4 y relativa a los contratos de RTVV para la cobertura de la visita del papa a Valencia en 2006, están imputados, entre otros, el expresidente de Les Corts Juan Cotino y varios exdirigentes de la cadena pública, que declararon en diciembre en el TSJCV
