El sindicato de funcionarios, CSI-F, ha presentado ante el El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso contra el decreto del Consell sobre usos administrativos de lenguas oficiales en los funcionarios, que ha sido admitido a trámite por el alto órgano judicial.

Además, el sindicato ha pedido al Ejecutivo que se pronuncie sobre la suspensión cautelar interesada por este sindicato. Y es que este recurso se interpuso por «no haber sido negociado con los representantes de los trabajadores». También porque, en opinión de CSI·F, establecer el valenciano como lengua destacada «la sitúa en posición de prevalencia que vulnera el artículo 3 de la Constitución, el 6 del Estatuto de Autonomía y el artículo 7 de la ley 4/1983».

La central sindical considera que este decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la Constitución, que defienden la libertad de expresión y el acceso a cargos y funciones en igualdad de condiciones.

Señala que la Administración debe garantizar el derecho de los empleados públicos a utilizar la lengua oficial que libremente escojan.