La fuga de empresas, depósitos y entidades financieras catalanas a la Comunitat, que comenzó con el punto álgido de la crisis independentista y tuvo especial incidencia en el norte castellonense, ha llegado a trasvasar a territorio valenciano un total de 7.217 millones de euros en el último trimestre del 2017, que arrancó, el 1 de octubre (1--O), día de la consulta que desató el conflicto secesionista.

Según los datos actualizados del Banco de España, que cuantifican en un total de 31.400 millones la salida de dinero de las cuentas bancarias causada tras el referéndum ilegal de independencia en Cataluña del 1-O, revelan que la Comunitat es la autonomía en la que, con un incremento relativo del 7,26% del volumen de depósitos, logró atraer la mayor cantidad de depósitos en estos tres meses.

ENTIDADES DE CALADO // A pesar de que el Gobierno central tomó el control de la Generalitat de Cataluña y se convocaron elecciones, el capital siguió huyendo en la recta final del último año hacia otras regiones, aunque ello no quiere decir que saliera de las entidades, puesto que algunas ofrecieron a los clientes abrir cuentas en las propias sucursales del banco en otras regiones distintas.

Quizás por este traspaso de fondos, se produjo un aumento tan significativo del saldo de depósitos territorios como el valenciano, ya que entidades del calado de Caixabank y el Sabadell, además de otras como Mediolanum, dieron el paso de trasladar sus sedes a València y Alicante.

Por tanto, esta comunidad se ha convertido en el refugio de la gran banca catalana, que huyó ya a primeros de octubre por la creciente inseguridad jurídica que presentaba entonces la expectativa de que se produjera una declaración unilateral de independencia y sus efectos.

Otra vía por la que las entidades financieras han visto incrementada su liquidez en forma de pasivo se sitúa en las mismas fechas y en la reacción de ciudadanos y pequeños empresarios catalanes que llegaron a colapsar las oficinas bancarias de poblaciones castellonenses fronterizas con Cataluña, como es el caso de Vinaròs, con la intención de abrir cuentas a las que trasladar sus ahorros o la gestión de sus negocios, precisamente por la mencionada inseguridad jurídica.

Los datos permiten cuantificar en euros el impacto de una crisis independentista que aún no se ha cerrado y cuyo recorrido está todavía por determinar. Más información en la página 51.