El Consell anunció ayer una serie de medidas para evitar las subidas desproporcionadas de los precios del alquiler en el territorio valenciano, entre las que se encuentra la obligación, bajo sanción de hasta 3.000 euros, de los propietarios y entidades privadas de viviendas vacías a comunicarlo para convertirlas en vivienda social y establecer un índice de referencia de alquiler.

La consellera de Vivienda, María José Salvador, dijo que las personas jurídicas tienen «un período de seis meses para comunicar las viviendas de su propiedad que están deshabitadas», ya que una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del 2018 permite expropiar a empresas viviendas desocupadas durante dos años. De no cumplir con esta obligación, «estarán cometiendo una infracción de la Ley por la Función Social», añadió.