Diputaciones, financiación y plurilingüismo marcaron la primera sesión de control del nuevo periodo de sesiones al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Sobre la primera cuestión, el jefe del Consell aseguró que el debate sobre el futuro de las instituciones provinciales es «pertinente», aunque pidió encararlo de forma «sosegada», con «seguridad jurídica» y el «máximo consenso posible», y no convertirlo en un problema «identitario».
Puig respondió de esta forma a preguntas de los portavoces de Podem y de Ciudadanos sobre los objetivos pendientes del Botànic en lo que queda de legislatura y su gestión ante las necesidades de la Comunitat, respectivamente.
El president enfrió la posibilidad de que el futuro de las diputaciones se decida en esta legislatura al afirmar que este mandato se han conseguido «avances sustanciales», pero que necesitan «más tiempo». Según él, el proyecto de gobierno «plural y diverso» tiene «muchas estaciones», a algunas de las cuales se va llegando y otras se irán cumpliendo, «siempre desde el diálogo y vocación de servicio».
El portavoz de Podem, Antonio Estañ, le instó a tomar decisiones «coherentes» con lo firmado en el Pacte del Botànic y para aprovechar la «oportunidad histórica de ganar derechos y no volver a perderlos» y pidió superar un modelo de diputaciones que calificó de «opaco, corrupto e ineficaz»; y la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, le pidió que reconozca «su fracaso» y convoque elecciones.
FINANCIACIÓN Y LENGUA // En materia de financiación, Puig aseguró en respuesta a Fran Ferri (Compromís) que su reivindicación «no ha cambiado nada» y que exigirá «lo mismo» a Pedro Sánchez que a Mariano Rajoy, y que lo hará en un encuentro que mantendrán la semana próxima.
El debate más tenso lo mantuvo el jefe del Consell con la líder del PPCV, Isabel Bonig, que le pidió que no se parapetase «detrás de Marzà» después de que el decreto de plurilingüismo haya sido puesto en cuestión por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y «responda ante las familias». Puig acusó a Bonig de hacer «populismo lingüístico» y afirmó que la ley actual es «legal», «por más que se exalte».
