El Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad de la normativa de la Comunitat Valenciana que impuso una distancia mínima de 800 metros entre salones de juego porque, subraya, las limitaciones a las actividades económicas deben ser justificadas, proporcionadas y necesarias por una razón imperiosa de interés general.

La Audiencia Nacional ya había anulado el citado precepto del decreto autonómico de 2015 que aprobó el reglamento de salones recreativos y de juegos y el Supremo coincide ahora en su argumentación: la administración pueden fijar distancias mínimas, pero los 800 metros no estaban justificados. El Supremo reconoce que el juego por dinero no es una actividad económica ordinaria y tiene especificidades que hacen procedente su regulación y el establecimiento de determinadas limitaciones para, por ejemplo, proteger a los menores, prevenir el blanqueo o articular una oferta dimensionada.

Pero la fijación de esos 800 metros «no solo constituye una indudable limitación, sino que supone un significativo agravamiento de la restricción que imponía la reglamentación valenciana precedente», un decreto de 2007 que fijaba una distancia de 200 metros. La limitación, critica, se argumentaba con unas «lacónicas explicaciones» en el preámbulo del decreto «claramente insuficientes»; solo se hablaba de la necesidad de «evitar la concentración de locales de juego» y de «razones de orden público».

ADUCEN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SALUD PÚBLICA Y COLECTIVOS VULNERABLES

El director general de Tributos y Juego, Rafa Beneyto, señala que tras la publicación de la sentencia, se inició un análisis de cuáles podían ser las razones de interés general que pueden justificar el establecimiento de distancia mínima entre ellos y que se está enfocando en cuestiones de salud pública, lucha contra la ludopatía y protección de colectivos vulnerables como menores y personas con trastornos por juego, aunque recordó que el decreto del 2018 ya redujo de 800 a 700 metros la distancia aduciendo razones de orden público.

41 SALONES EN CASTELLÓN

Según datos de la Conselleria de Hacienda, en la provincia de Castellón hay ahora mismo 41 salones de juego y casas de apuestas (datos del pasado 25 de septiembre), cinco locales más que en diciembre del año pasado. Y si se comparan estas cifras con las de hace cinco años, el resultado todavía es más espectacular: en el 2014 había 20 salas de este tipo, es decir, la mitad que ahora.

NUEVO PROYECTO DE LEY

El pleno del Consell aprobó el día 25 el proyecto de ley del juego de la Comunitat y que, previsiblemente, introducirá novedades en el trámite parlamentario. Una de las que ya se ha propuesto es castigar el acceso de menores y personas incluidas en el registro de ciudadanos excluidos de acceso al juego --con problemas de ludopatía-- a locales de apuestas como una falta muy grave, lo que implica multas con importe superior a 6.001 euros. Sin embargo, no ha regulado las distancias respecto a centros educativos, como reivindica parte de la sociedad civil.