La Conselleria de Educación defendió ayer la validez del modelo de pluringüismo en los centros escolares públicos, y lo hizo con datos: el 92% de los profesores que dan clase en la Comunitat están capacitados en valenciano y el 27-28% en inglés, un porcentaje que quiere aumentar para seguir con la aplicación de la Ley de Plurilingüismo en los niveles superiores. «No hay ningún problema con la capacitación», aseguró el secretario autonómico, Miquel Soler, que también negó problemas con la exención en zonas castellanoparlantes.

Todo ello lo destacó en la comisión de Educación de Les Corts, en una comparecencia solicitada por PP y Cs al conseller, Vicent Marzà (Compromís), tras dos años de aplicación de la ley y su llegada a Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y adultos a partir de 2020-2021. La implantación del inglés será progresiva hasta que en el curso 2026-2027 llegue al 25% y exijan a los docentes un nivel C1 y no solo el B2 como actualmente.

Respecto a la exención del valenciano, el responsable de Educación hizo hincapié en que «no pasa absolutamente nada y continúa vigente», como establece la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de 1983, con lo que «todas las familias que cumplan los requisitos pueden continuar pidiéndola». «No hay nada en la Ley de Plurilingüismo sobre la supresión de la exención del valenciano», subrayó al respecto Soler.

En cifras, la exención del valenciano en zonas castellanoparlantes «ha pasado del 21% en Secundaria en 2014-2015 al 10,1% en 2018-2019», mientras en Primaria se mantiene estable en torno al 2% y en Bachillerato, «evidentemente, se pide por motivos que no tienen que ver con la lengua, para tener una asignatura menos en la PAU», por lo que es algo que «el Ministerio debe analizar» de cara a las próximas pruebas de acceso a la universidad.

críticas // Visión distinta tiene Beatriz Gascó, portavoz de Educación del Partido Popular. Señaló que en las zonas castellanohablantes hay «falta de respeto, de seguridad jurídica a los centros, de información, de transparencia y de legalidad», y añadió que «el único objetivo de Marzà es implantar un sistema monolingüe en la Comunitat Valenciana». «Se pasan por el arco del triunfo los derechos de las zonas castellanohablantes», remató Gascó.