El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha abierto esta mañana un nuevo frente de tensión con la Comunitat Valenciana. El ejecutivo regional está dispuesto a acudir a las tribunales porque considera que el reparto de los fondos europeos que ya ha empezado a través de las conferencias sectoriales benefician a la Comunitat Valenciana y perjudican a la de Madrid.

La intención del Gobierno de Ayuso la ha verbalizado el consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, esta mañana en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Lasquetty ha asegurado que lo que tiene en mente el Gobierno regional es denunciar al Gobierno de Pedro Sánchez porque beneficia a la Comunitat Valenciana.

Según el consejero de Hacienda madrileño la distribución de los fondos europeos la hizo cada ministerio con los consejeros de su ramo en su conferencia sectorial utilizando criterios distintos en cada caso que Madrid considera más o menos discutibles. Según el Gobierno de Madrid se ha dado la casualidad de que en todos los casos la Comunitat Valenciana salía muy beneficiada y la Comunidad de Madrid salía notablemente perjudicada, según ha recogido la agencia Efe.

El consejero ha precisado que de los 50.000 millones de euros de los fondos europeos que el Estado ha decidido gestionar directamente, en las últimas dos semanas se ha encontrado con un real decreto en el BOE en el que le dan fondos al País Vasco, Navarra, la Comunitat Valenciana, Extremadura y otras diez regiones, lo que Madrid va a llevar a los tribunales porque utilizar la vía de la subvención directa es contravenir el principio de igualdad de trato a las comunidades autónomas.

Lasquetty ha asegurado que le consta que miles de empresas han trabajado mucho y han presentado propuestas que tendrían un potencial transformador importante, pero hoy nadie sabe ni qué día, ni a qué hora, ni dónde, ni bajo qué criterio se abrirá la ventana para presentar solicitudes ni cómo se va a producir la asignación de fondos a entidades concretas, a diferencia de otros países como Francia, Italia o Portugal que expusieron cómo asignarían estos fondos en los planes que presentaron ante la Comisión Europea.