Suscríbete

El Periódico Mediterráneo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Consell ultima la orden para publicar la lista de grandes morosos de Hacienda

La Generalitat publicará su primer listado de deudores en mayo de 2022

Sonia Díaz, directora de la Agència Tributària Valenciana. M.A.MONTESINOS

El decreto que regula la publicación del listado de personas deudoras a la hacienda pública valenciana ha entrado ya en su fase final de tramitación y en breve será aprobado por el pleno del Consell. La norma tiene su origen en un acuerdo alcanzado en el seno del Botànic hace ya un año durante la negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2021.

La propuesta formaba parte de una reforma fiscal que planteó el grupo parlamentario de Unides Podem que incluía una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal, entre ellas la publicación de la lista de grandes morosos. El mandato para la elaboración de esta norma quedó finalmente recogido en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2021.

La Conselleria de Hacienda arrancó el expediente administrativo a principios de febrero con la exposición pública de la orden que ya cuenta con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu, por lo que la previsión es que se aprueba antes de finalizar el año. Con todo, habrá que esperar a mayo de 2022 para que, por primera vez en la historia de la Generalitat, se airee la lista de personas que acumulan deudas y sanciones tributarias por importe superior a un millón de euros.

Con esta orden, el Consell hace uso del artículo 95 de la Ley General Tributaria de 2003 sobre publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias, la base legal que sostiene el proyecto valenciano y del que existen antecedentes en otras autonomías. Así, por ejemplo, Cataluña estrenó esta vía de transparencia con la que se busca presionar a los grandes deudores en septiembre de 2020.

Ese desnudo integral de la Agencia Tributaria de Cataluña permitió identificar sociedades y figuras del mundo empresarial catalán que sistemáticamente obviaban sus obligaciones con la hacienda catalana.

Cabe apuntar que la Administración estatal lleva ya más de un lustro señalando a los grandes morosos. De hecho, algunos de los nombres de deudores en el ámbito catalán que se publicaron entonces, ya habían salido en la relación del Gobierno de España.

Cuando la normativa valenciana entre en vigor la lista negra solo recogerá a morosos o morosas de más de un millón de euros en los impuestos que gestiona la Agencia Valenciana de Tributos, es decir, tributos propios como las tasas del juego o cedidos como patrimonio, que grava las grandes fortunas, sucesiones y donaciones o el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que se paga, por ejemplo, cuando se compra una vivienda de segunda mano.

Identificación completa

La norma valenciana estipula que los listados se elaborarán a partir de los datos de deudas y sanciones pendientes, que no se encuentren aplazadas ni suspendidas, y que obren en el sistema de información de la Agencia Tributaria Valenciana a fecha de 31 de diciembre de cada año. En el listado constará la identificación de los deudores. Si se trata de personas físicas, se divulgará su nombre, apellidos y DNI y si se trata de personas jurídicas, su razón o denominación social completa y su NIF. Esto implica que se desvelará su identidad de forma clara.

La información incluirá el importe conjunto de las deudas pendientes sin desglose. Según se detalla en el proyecto de la orden, la publicación se efectuará por medios electrónicos en formato PDF y se especifica que los listados dejarán de estar accesibles transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.

En el caso catalán, el proceso para iniciar el procedimiento comenzó en 2019 cuando la agencia tributaria envió notificaciones a los deudores, una suerte de aviso de que si no saldaban sus deudas, se haría público sus nombres. Después de este primer aviso, se remitió una reclamación oficial y aún se les concedió un plazo de diez días para regularizar la situación.

Compartir el artículo

stats