«La foto de lo que está aquí es lo que tiene que quedar en la cabeza». Lo tenía claro desde el principio Miguel Ángel Revilla. La imagen de ocho presidentes autonómicos de tres partidos distintos (dos del PP, cinco del PSOE y uno, él, del PRC) tiene la fuerza que dejan las impresiones visuales por encima de declaraciones firmadas o puntos de exigencia. Y la foto, en sí, es potente.
La España despoblada hizo ayer una demostración de unidad en un momento clave para la financiación autonómica. Mientras el Ministerio de Hacienda apura los días para presentar las bases del nuevo modelo, los máximos representantes de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura hicieron valer de su encuentro y sintonía en Santiago para marcar posición y condicionar el debate.
Si se estuviera jugando al ajedrez, habrían hecho un enroque, protegiendo al rey y el montante de fondos que reciben hacia una posición más segura del tablero a la vez que acercan a la torre a una posición con posibilidad de ataque. Se muestra abierta al diálogo y a cambiar el sistema, pero a la vez, exhibe la fuerza y unidad que podría bloquear cualquier reforma que no les encaje. Porque, de momento, los movimientos del Gobierno van encaminados a contentar las tesis mediterráneas.
Ayer los ocho presidentes insistieron en que ese foro era una muestra de consenso, de posibilidad de sumar y de «no ir en contra de nadie». «Quien lo vea así está equivocado», señaló Feijóo actuando de anfitrión. Las declaraciones de todos los protagonistas fueron en esa línea: que aquello era una forma de mostrarse como ejemplo, de avance de la multilateralidad entre gobiernos autonómicos y de que es posible sobrepasar las fronteras partidistas para llegar a acuerdos.
Un documento de 35 puntos
El documento resultante de la reunión deja bien clara la postura de este bloque en materia de financiación autonómica y que, pese a los guiños hacia las comunidades infrafinanciadas (especialmente las del arco mediterráneo que son las que más reivindican la necesidad de un cambio), cuenta con intereses totalmente distintos de los que se defiende desde la Comunitat Valenciana.
Así, mientras desde la Generalitat se considera que el criterio que debe regir el nuevo sistema es el de población ajustada (al que parece que se inclinará el ministerio), el foro del noroeste insiste en ponderar el coste real de los servicios. «La financiación no se puede hacer por habitante porque entonces estamos contribuyendo a que haya más Madrid, más Barcelona y más Valencia», reivindicó durante su intervención Revilla, uno de los más duros en sus discursos.
Entre los intentos del documento de 35 puntos aprobado por los ocho presidentes autonómicos en acercar posturas con el bloque de las más pobladas está que se aproveche la definición de un nuevo modelo «para corregir los déficits de financiación que sufren todas las comunidades autónomas en el modelo vigente». Esto se haría, señalan en el texto, «dotando al sistema autonómico de mayores recursos».
De hecho, proyectan como uno de los primeros pasos para iniciar las negociaciones la incorporación de una cláusula, que recuerdan que estuvo en anteriores reformas, para que «ninguna comunidad autónoma reciba menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema». Es la plasmación de que aceptan que se arregle la infrafinanciación de autonomías como la valenciana, pero que no sea a costa de romper su statu quo y les suponga perder recursos.
Un ejemplo de ello es que ni en el texto ni en las declaraciones de los ocho mandatarios se utilizó el verbo «reformar» para hablar del nuevo modelo de financiación sino que usaron otras expresiones como «diseño» o «definición». Otro ejemplo de ello es la falta de premura y de cualquier petición para que se acelere el proceso (algo vital para los intereses valenos que insisten en que el modelo lleva caducado desde 2014).
Sin prisas por el cambio
En este sentido, el citado foro de Santiago hace suya la estrategia napoleónica de que si se quiere hacer que algo se demore eternamente, se nombre una comisión y habla de buscar el «consenso» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (cualquier cosa que implique consenso lleva más tiempo) y proponen que desde este órgano se provea de «datos y análisis» a las comunidades para que se determine «el coste real de los servicios y la evaluación de los mecanismos de revisión anual».
Más cálculos y estudios que reflejan la poca prisa de los ocho por resolver el asunto que no propusieron un modelo concreto. Tampoco hubo mención ninguna a la deuda ni a ningún tipo de compensación al sobreendeudamiento por la financiación, una de las cuestiones clave en la agenda valenciana sobre el tema.
