El departamento de Función Pública, adscrito a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, trabaja ya en la oferta de empleo público (OPE) de este año, una convocatoria que por primera vez se regirá por los requisitos que marca la nueva ley de función pública aprobada en mayo del año pasado, lo que implica, entre otras cuestiones, que la mitad de las plazas que se oferten para el futuro funcionariado se hagan mediante oposición pura y dura, es decir, sin añadir la fase de concurso.
Hasta ahora la mayoría de las convocatorias se regían por el modelo de concurso-oposición. Sin embargo, la nueva ley marca que, "tendrá carácter ordinario y preferente en la selección de personal empleado público el sistema de oposición, debiendo reservarse por acuerdo del Consell para la tramitación por este procedimiento, al menos, el 50 % de los puestos de la oferta pública de empleo anual, en el conjunto de empleo público de la Generalitat.
500 plazas para 2022
La conselleria prevé, según las últimas reuniones celebradas en las que se ha abordado este asunto con los representantes de los sindicatos, que la oferta de 2022 permita ofertar alrededor de 500 plazas. Cabe recordar que las oferta están sujetas a la conocida como tasa de reposición, aquella que limita la cobertura de vacantes a a un determinado porcentaje. Los presupuestos generales del Estado para 2022 mantienen la limitación (restricciones que se remontan a la etapa del PP en el Gobierno) aunque con algo más de margen que hasta ahora.
Al margen de esta cuestión (todavía está por definir qué plazas saldrán a oposición), esta OPE tendrá por ley que reservar un 10 % a personas con diversidad o discapacidad. En concreto, la ley marca que "en todas las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional". Además, se establece que al menos el cinco por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual o enfermedad mental, reservando un porcentaje específico del tres por ciento para personas con discapacidad intelectual y un dos por ciento para personas con enfermedad mental.
Por otro lado, para cumplir con la ley, la oferta debe aprobarse deberá en un plazo de tres meses desde la publicación de la correspondiente ley de presupuestos, es decir, antes de finalizar marzo.
Además, la ley contiene una serie de novedades relacionas con la igualdad de género y, por ejemplo, se pide que en cada convocatoria se fije la distribución porcentual de los dos sexos en el cuerpo y, en su caso, escala, agrupación profesional funcionarial, agrupación de puestos de trabajo o grupo profesional correspondientes.
En principio, con la nueva ley, esta nueva convocatoria debería incorporar ya el requisito lingüístico, pero aunque este figura como tal en la norma, todavía no hay acuerdo sobre el reglamento en el que se fijará la letra pequeña de qué nivel de conocimiento se exige para cada puesto.
En principio, esta OPE se planificará al margen de las nuevas medidas contenidas en el conocido como decreto Iceta para reducir la temporalidad. Tal como informó este diario, Función Publica está a la espera de instrucciones por parte de Ministerio de Política Territorial para replanificar sus ofertas y lanzar una convocatoria que facilite la conversión del personal interino en fijo. Durante la reunión celebrada la semana pasada, el ministerio se comprometió a remitir una circular a las comunidades autónomas.
