La unidad política valenciana para reformar la financiación sigue intacta, pero las posiciones de los dos principales partidos, PSOE y PP, evidencian las dificultades que la reforma del modelo se va a encontrar, un auténtico camino minado, si el Gobierno quiere llevar al Congreso la modificación legislativa esta legislatura.
El Gobierno está abierto a incluir en el sistema más dinero y esa es una clave que puede allanar el camino porque interesa también a autonomías del PP, algunas de las cuales se encuentran entre las infrafinanciadas, junto a la valenciana, como Murcia o Andalucía, ambas gobernadas ahora por el PP. Pero al líder del PP, Pablo Casado, no le va la vida en la reforma. Y ofrecer la posibilidad de un acuerdo en bandeja al Gobierno de Sánchez se intuye complicado. Y más mientras trata de frenar a Vox en las encuestas, una formación que rechaza sin complejos todo lo que tenga que ver con el sistema autonómico.
Así nada apunta a que el PP vaya a facilitar una reforma de la financiación por mucho que la necesiten autonomías como la valenciana o las mencionadas Andalucía o Murcia.
En Castilla y León, Pablo Casado ya defendió hace unos días la necesidad de potenciar criterios como despoblación o dispersión y se refirió a un nuevo sistema «cuando gobierne», lo que apuntaría a que no tiene intención de arrimar el hombro y a que en su esquema está hacer cambios en el sistema solo si llega a La Moncloa. En esa lógica, Compromís ha pedido que el Gobierno avance en la reforma y la lleve al Congreso para aprobarla como otras reformas a las que el PP ha votado en contra. Pero el modelo Casado, en el que tengan peso específico criterios como la despoblación o la dispersión, choca con lo que dice el documento de los expertos valencianos. Los expertos, nombrados por todos los partidos, rechazan criterios correctivos como la despoblación o la dispersión y creen que debe tener un peso «nulo» en la reforma del sistema.
La población
Sobre las variables correctivas, como geográficas o de tamaño de las autonomías, dicen, que no son significativas. Por contra, las poblacionales son las únicas que resultan claramente significativas.
Así, esas variables que ahora el Ministerio de Hacienda pondera en un 3 o 4% deberían tener un peso nulo, cero. Su ponderación actual debería revisarse porque no está justificada. Incluso señalan que la dispersión de la población no genera más gasto, sino menos. Al contrario que la insularidad, que los expertos valencianos sí señalan que tiene impacto significativo, ni la superficie ni la dispersión la tiene, como defiende el grupo de ocho autonomías de la denominada «España vaciada».
El líder del PPCV, Carlos Mazón, sí cree que los mecanismos correctores deben tener peso. «Obviamente tiene que haber elementos correctores», señala. »Estoy de acuerdo en que la despoblación es un problema que hay que abordar y los mecanismos compensatorios se hablarán en la negociación«, señala.
Fuentes del Consell también consideran fundamental abordar la despoblación, pero fuera del sistema de financiación.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, incide en que «es incomprensible que se repartan recursos en base a criterios que no están demostrados». «Son las personas y no los kilómetros cuadrados las destinatarias de servicios fundamentales», dice el conseller.
