La ministra de Justicia, Pilar Llop, advirtió ayer en València que «apostar por el regulacionismo de la prostitución implica convertir al Estado en proxeneta» y recordó que una sociedad democrática «no puede consentir que esto ocurra». Así se manifestó en el acto federal «8M. Más Feminismo. Mejor democracia», donde participaron distintos cargos nacionales y autonómicos del PSOE.
La ministra Llop afirmó que «el abordaje abolicionista se tiene que hacer desde todas las administraciones y no dándole el enfoque se ha dado en el Ayuntamiento de Alicante» porque «va en contra de la protección de la libertad y la seguridad de las mujeres»: «Las administraciones debemos trabajar por la sensibilización social, la asistencia y la recuperación de las víctimas». Además, la ministra recordó que «la clave para conseguir la sociedad igualitaria está en la educación».
Por su parte, la secretaria de Igualdad CEF PSOE, Andrea Fernández, apostó abordar la prostitución «como una cuestión de democracia que se debe afrontar de forma conjunta» y aseguró que este es «el último reducto de misoginia que queda en esta sociedad, y tenemos que enfrentarnos a ella desde el punto de vista legal». «Necesitamos del ejército de nuestra militancia para conseguir cambiar el país», señaló, al tiempo que reiteró que serán los socialistas los que abanderen el abolicionismo y darán esta batalla «aunque nos quedemos solas».
Asimismo, la vicesecretaria general y portavoz de Igualdad del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, apostó por acciones locales «que castiguen al putero y que acompañen a las mujeres prostituidas para que tengan un proyecto de vida como el resto ». Domínguez apostó por hablar claro, porque la prostitución es «violencia machista provocada por el patriarcado que nos hace pensar que el cuerpo es una cosa y la mente otra».
Por su parte, el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, aseguró que hay «un futuro esperanzador en el que el trabajo de hombres y mujeres hará que el movimiento feminista sea imparable»: «No va a volver atrás». Muñoz se sumó a las críticas sobre la ordenanza «de la vergüenza» de Alicante y lamentó que desde algunas administraciones «se impulsen políticas y legislaciones involucionistas».
Finalmente, la secretaria general del partido en València y vicealcadesa, Sandra Gómez, pidió «no confundir la libertad con la realidad, porque la mayoría de las mujeres prostituidas están obligadas» y reclamó un «un marco legal que permita perseguir las nuevas formas de prostitución que están apareciendo».
Dejar trabajar a la justicia
A su salida, Llop se manifestó sobre la posible corrupción en la Comunidad de Madrid. Instó al PP a «esclarecer si ha habido algún asunto de corrupción» con el caso del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y exigió a los ‘populares’ que «dejen trabajar a la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales».
Preguntada por los 283.000 euros que habría cobrado el hermano de la presidenta, afirmó que no sabe «por qué lo reconoce» ahora, tal como manifestaba el presidente del PP, Pablo Casado. «Yo no he visto esa documentación», zanjó la ministra.
