El equipo de delitos económicos de la Guardia Civil de València achaca las irregularidades detectadas en las empresas de los empresarios audiovisuales Francesc Puig y Juan Enrique Adell Bover a «posibles errores humanos o informáticos de mecanización». Aunque, apuntan también, «otros pudieran tratarse de actos de mala fe», según consta en el informe de 388 páginas, al que ha tenido acceso Levante-EMV, periódico del mismo grupo editorial que Mediterráneo, aportado a la causa abierta en 2019 por el Juzgado de Instrucción 4 de València, tras una denuncia del Partido Popular contra cuatro mercantiles a las que se acusa de un presunto fraude de subvenciones entre 2015 y 2018.
Se trata de las empresas Comunicacions dels Ports SA y Mas Mut Produccions SL (administradas por Francesc Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig) y Canal Maestrat SL, Nova CB y Kriol Produccions SL, administradas por Juan Enrique Adell Bover.
Entre las irregularidades detectas por los agentes estarían «facturas imputadas un año y al año siguiente, como las presentadas por Comunicacions dels Ports en 2017 y 2018; la no correspondencia entre datos incluidos en las facturas , las cuentas justificativas y los asientos bancarios; una doble imputación de gasto para subvenciones de la Generalitat valenciana y catalana, empleando mismas facturas para su justificación». También han encontrado «gastos imputados por las mercantiles, de los que no se tiene constancia de la relación de la ubicación con las empresas que justifican el gasto; facturas con fecha de 2018, presentadas para subvenciones correspondientes a 2017; también facturas imputadas doblemente para el mismo año, modalidad y subvención: gastos que no se tratarían de directamente imputables a las labores de producción y distribución de programas y ediciones; facturas de contenidos que se presentan para una modalidad de subvención de la Generalitat Valenciana y otra distinta para la catalana». Y, por último, «facturas de contenidos cuyo concepto constan por ejemplo como ‘impresión de revistas’ que se justifica para modalidades como televisión o radio».
«Ni formación, ni medios»
Los agentes admiten en el documento que «los instructores del presente informe no tienen formación ni medios para poder analizar» hechos denunciados como «las audiencias» de una de las televisiones subvencionadas. O «la múltiple utilización de contenidos» informativos por las empresas. «Por parte de los agentes instructores ni se tienen conocimientos, ni se han accedido a ellos y no pueden confirmar que se traten de los mismos. Si bien hay facturas de estos que presentan idéntico concepto», apuntan los autores del informe.
Y respecto al quid de la cuestión, si se sobrepasó el importe de la actividad realizada por las empresas en el cobro de subvenciones recibidas por la Generalitat valenciana y catalana los agentes también admiten que «no pueden analizar este supuesto» porque no han tenido acceso a los contenidos elaborados para recibir las ayudas y «tampoco se ha tenido acceso a los recursos en ingresos para la misma finalidad».
Anticorrupción pide un informe a Intervención
La Fiscalía Anticorrupción considera que las cuantías obtenidas por las empresas investigadas estarían «en el límite entre el delito y la infracción administrativa» (el límite está en los 120.000 euros). Por ello, solicitó al Juzgado de Instrucción 4, que así lo ha ordenado que la Intervención de la Generalitat valenciana y catalana «realice sendos informes-auditorías sobre las subvenciones percibidas por estas sociedades de 2015 a 2018, teniendo en cuenta la documentación justificativa presentadas en ambas administraciones».
