Cinco años y diez días después, tras una densa y compleja investigación que aún continúa (y continuará), la jueza de Instrucción número 13 de València ha decidido levantar hoy el secreto que pesaba sobre la macrocausa bautizada como Azud y que sacude los cimientos del sistema de contratación del Ayuntamiento de València en la larga etapa del PP, con un entramado perfectamente organizado que sirvió para obtener trato de favor en operaciones inmobiliarias a varios empresarios con la “imprescindible” ayuda del que era ‘cuñadísimo’ de la alcaldesa Rita Barberá, el abogado José María Corbín, y su vicealcalde y mano derecha durante años, Alfonso Grau.
La macrocausa, con casi 700 tomos de sumario, 68 DVD con documentación, 7 discos duros con un total de 7 terabytes y 61 personas investigadas, ha dejado de ser secreta desde este jueves, pero los abogados de los imputados, que acaban de recibir la notificación del levantamiento del secreto a través de sus procuradores vía Lexnet, no tendrán acceso a su contenido hasta el próximo martes, cuando comenzarán a ser citados de ocho en ocho para recoger la parte del procedimiento que afecta a cada uno de sus patrocinados, han confirmado fuentes jurídicas.
En todo caso, el secreto no se levanta sobre toda la investigación, parte de la cual continuará silenciada, principalmente la que afecta a la información en soporte informático recabada tras la operación policial desarrollada el 12 de mayo del año pasado y que aún está siendo objeto de análisis por parte de la Guardia Civil.
Una investigación que salpica a dos partidos
Corbín y Grau no son las únicas piezas de caza mayor en este sumario. De los 61 investigados por ahora en la causa, destacan no solo nombres del PP, el partido hegemónico en la ciudad de València durante dos largas décadas, sino también del PSPV, tanto municipal como del entonces aparato del partido: Rafa Rubio, hoy reincorporado a su plaza de funcionario tras permanecer dos meses en prisión, pero arrestado por su presunta implicación como jefe de la oposición en el Ayuntamiento de València y que ostentaba el cargo de subdelegado del Gobierno cuando fue detenido, en mayo de 2021; José Luis Vera, jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, cuando fue arrestado junto a Rubio; o Pepe Cataluña, uno de los fontaneros del PSPV en la época que se investiga la trama Azud, entre 2006 y 2011.
En todo caso, la investigación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la instrucción de la jueza y de la Fiscalía Anticorrupción de València, apunta principalmente al Partido Popular, con Grau y Corbín a la cabeza.
De hecho, Azud nace precisamente de las investigaciones abiertas de oficio por la Agencia Tributaria sobre el cuñado de Barberá, quien fue pillado por Hacienda en 2017 por eludir el pago de impuestos. Esa cuestión se zanjó con el pago, por parte de Corbín, de 600.000 euros para regularizar su situación con el fisco. Una vez satisfecha la cuantía, Hacienda presentó una denuncia por posibles infracciones penales contra el abogado valenciano, que derivó en la apertura de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Ese es el punto de arranque de Azud.
El ‘cuñadísimo’, la puerta de entrada
Dos meses más tarde, hallados indicios de ese delito y de otros de corrupción, la Fiscalía judicializó la causa, que fue a parar por reparto al Juzgado de Instrucción número 13 de València, cuya titular decretó secreta la causa en abril de 2017. Durante dos largos años, la Guardia Civil, la jueza y el fiscal investigaron en secreto la trama y el 2 de abril de 2019 se produjo el primer estallido público del procedimiento, con la detención de José María Corbín, su socio y amigo, el también abogado Diego Elum. La mujer de Corbín (y hermana de Rita Barberá) y las tres hijas del matrimonio pasaron a quedar como investigadas en la causa.
Corbín se fue a prisión, donde permaneció durante menos de un mes, hasta el 30 de abril, mientras que Elum quedó en libertad provisional. Ambos quedaron investigados por el supuesto cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento, mientras que la mujer y las tres hijas de Corbín lo fueron por el presunto aprovechamiento del dinero cobrado por el marido y padre, respectivamente.
Febrer, el conseguidor de favores
Los siguientes dos años han servido para que la Guardia Civil, el fiscal y la magistrada resituaran cada pieza del rompecabezas que es ese método que sirvió durante casi una década para poner en contacto a contratistas de todo tipo y condición con quienes manejaban el Ayuntamiento de València para recibir un trato de favor a cambio de dinero y regalos.
El eje central de ese entramado es el promotor Jaime María Febrer, uno de los principales detenidos en la operación desarrollada el 12 de mayo del año pasado, en la que también fueron arrestados Alfonso Grau, bajo la sospecha de haber cobrado un mínimo de 1,2 millones de euros en metálico, y Rafael Rubio, que presuntamente recibió de la trama 300.000 euros en efectivo por su supuesta participación en la operativa de concesión ventajista de parcelas y contratos a Febrer, que llevó a cabo estas prácticas valiéndose de un complejo entramado empresarial con más de 20 mercantiles, la mayoría de ellas bajo el paraguas del Grupo Axis, hoy en concurso de acreedores.
El promotor, un auténtico conseguidor de favores que incluso cambiaba a su antojo las plicas de los contratos con el Ayuntamiento para obtener los beneficios esperados, según se desprende de las investigaciones de la Guardia Civil, está inmerso en prácticamente todas las tramas que ha hecho aflorar la Operación Azud.
Hasta ahora, han trascendido su presunta implicación en la recalificación de parcelas para hacerse con la construcción de viviendas públicas protegidas (VPO) en València, su ‘compra’ de la deuda municipal de 35 millones a diez colegios religiosos privados a cambio de parcelas bien situadas dentro de la ciudad o sus tejemanejes con determinados PAI del término municipal dependiente de la ‘Casa gran’.
Pero también en su intervención en Xixona para hacerse con un PAI, el de El Espartal, sobre el que pretendía construir 5.400 viviendas y un campo de golf a partir del soborno de la entonces alcaldesa del PP y de uno de sus concejales, ambos detenidos en la segunda fase de la Operación Azud en mayo de 2021, o en la Vila Joiosa, donde presuntamente puso en marcha la misma táctica para obtener de manera ventajosa los derechos para construir en dos PAI, lo que le supuso, además, sentarse en el banquillo por delito fiscal junto al considerado su ingeniero financiero, también detenido e investigado en Azud, el alicantino Joaquín P. R.
Funcionarios municipales y empresas bajo la lupa judicial
La investigación afecta no solo a los cargos públicos, sino también a una decena de funcionarios del Ayuntamiento de València, la mayoría de los cuales ya han desfilado ante la Guardia Civil para declarar y que ahora deberán hacerlo ante la magistrada y el fiscal, pero también a las empresas corruptoras.
Una de las investigadas es, por ejemplo, Aquamed, ante quien intercedió Febrer para, por ejemplo, tratar de ahorrarse el pago de una depuradora para llevar agua al secarral que era, y siguen siendo, los terrenos del PAI El Espartal de Xixona.
Pero también han sido escudriñadas empresas municipales, como Aumsa (Actuaciones Urbanas Municipales S.A.), con la que la matriz del entramado empresarial de Febrer, Construcciones Valencia Constitución (CVC), firmó precisamente los convenios ventajosos para hacerse con el derecho de vuelo de 900 viviendas protegidas que debían ser construidas sobre suelo municipal del consistorio valenciano.
Pero también de empresas privadas, contratistas habituales de las administraciones públicas, como Acciona y Cleop, cuyos contratos fueron requisados por la UCO en el Ayuntamiento de València ya tras la primera fase de la Operación Azud, en la primavera de 2019.
