El pulso entre PSPV y Compromís por cómo abordar la prostitución no cesa. Las alegaciones presentadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al plan de Justicia para sancionar a los prostíbulos y perseguir a la clientela evidencian, negro sobre blanco, las diferencias entre los dos departamentos dirigidos el primero por Compromís y el otro, por el PSPV. «No estamos en una tesitura de desacuerdo», aseguró ayer Mónica Oltra en la rueda de prensa tras el pleno del Consell. Sin embargo, el resto de declaraciones reflejan otra realidad.
La prostitución volvió a ser por segundo viernes consecutivo el tema que más tiempo ocupó en la comparecencia de la portavoz del ejecutivo autonómico tras la reunión semanal del Consell. Y por segundo viernes seguido, sus explicaciones fueron contestadas minutos después de apagar el micrófono por el PSPV, socio en el Consell y con el que la divergencia en el asunto es patente. Sancionar o no sancionar, prohibir o no prohibir, he ahí uno de los nudos gordianos que se enmarañan en el Consell en torno a cómo afrontar el debate de la prostitución.
Los socialistas reclaman la abolición a partir de sancionar a clientes, prostíbulos y su publicidad, y Oltra pide separar «trata, explotación sexual y trabajadoras sexuales que se dedican libremente», y reclamando «derechos» para estas últimas. Son planteamientos teóricos que caminan en direcciones opuestas mientras la materia se concreta y avanza en forma de modificación de la ley de Espectáculos en la que la conselleria que dirige Gabriela Bravo pretende incorporar multas de hasta 30.000 euros a aquellos locales que se lucren del proxenetismo.
Estas medidas punitivas reciben el reproche en papel y en voz de la vicepresidenta. Ayer, Oltra ahondó en su crítica al calificarlas de «prohibicionistas» y aseguró que solo suponen «clandestinizar más todavía» a las mujeres prostituidas. En este sentido, aseguró que con la aplicación de medidas «punitivistas», como expresó la semana pasada y como alegó al texto presentado por Justicia, se dificulta más el trabajo social de la Administración con las más vulnerables. «Las multas hacen que las escondan en pisos, las pone en riesgo y da el poder absoluto a los proxenetas», incidió.
«Medidas para abolir»
Sus palabras no gustaron en el PSPV que respondió prácticamente de inmediato. La portavoz y vicesecretaria general de Igualdad del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, le reprochó a Oltra que en su calidad de «portavoz del Consell de Ximo Puig del que forma parte» no haya hablado de la prostitución y su abolición mientras defendió la actuación de la Conselleria de Justicia de la que Domínguez aseguró que «lo único que está haciendo es cumplir con un mandato del parlamento valenciano».
De nuevo, los socialistas valencianos -que han hecho de la abolición de la prostitución una bandera que han llevado hasta la acción política del PSOE a nivel estatal- recordaron la PNL aprobada por «todos los grupos que dan sustento al Botànic» en la que acordaron «impulsar medidas para abolir la prostitución». Eso fue en octubre de 2021, a propuesta del Front Abolicionista que recuerda que en Compromís se mostraron reacios hasta el último momento a firmarla dejándola, de hecho, con un voto afirmativo en comisión y no en pleno, con más visibilidad.
Sin embargo, para la vicepresidenta estos choques son «de momento, un proceso normal». «Una conselleria presenta una propuesta y el resto hace alegaciones, ahora veremos cómo sigue esto, pero de momento no se puede hablar de que no haya un acuerdo», aseguró pese a que las discrepancias en el objetivo y en cómo se llevaría a cabo son palpables. Estas diferencias actuales, no obstante, no significan que no se pueda llegar a un acuerdo en el futuro en el que dijo confiar. «Siempre se puede llegar a un acuerdo», añadió.
Ante el pulso y la tensión, un resquicio de luz aparece como esperanza para ese pacto: el Ayuntamiento de València. En él, Compromís y PSPV han llegado a un acuerdo en torno a una moción de sello abolicionista que prevé incluir sanciones a los clientes de la prostitución pero también un marco de ayudas e intervención social sobre las víctimas, las mujeres prostituidas. «Precisamente va en esta línea», indicó la vicepresidenta en referencia de la ordenanza del cap i casal y cómo podría resolverse el entresijo.
Así, precisó que lo que hay que abolir «son las causas estructurales», para lo que se necesita «una legislación marco estatal que permita abordar la lucha contra la explotación sexual con eficacia y que sobre todo se trabaje desde un modelo que no obligue a prostituirse por causas de explotación; a partir de ahí se pueden plantear medidas concretas». Sin embargo, en sus explicaciones de defensa de la normativa de la capital del Turia, Oltra no hizo referencia a la posibilidad de sanción, punto central de la agenda socialista. El nudo sigue enredado, el pulso continúa.
