El Gobierno central solo ejecutó en el ejercicio de 2021 un total de 469 millones de los 1.107 millones comprometidos en los presupuestos generales del Estado (PGE), apenas el 42 % de lo comprometido para el pasado ejercicio. Una ejecución del presupuesto que supone que los diferentes ministerios y sus empresas públicas dejaron sin gastar casi seis de cada 10 euros previstos para proyectos en el territorio valenciano.
El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) «Distribución territorial de la inversión del sector público estatal» refleja que la Comunitat Valenciana está a la cola en la ejecución de la inversión pública, empatada con Andalucía, un punto por encima de Asturias y seis de Cataluña, pero lejos del 184 % de Madrid, que prácticamente duplica los 1.134 millones de euros que se le habían asignado.
Un dato que se repite año tras año en los informes sobre las licitaciones estatales que publica cada mes la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV), que hace años que clama en el desierto contra la baja ejecución presupuestaria. En el último informe del arranque del año publicado en abril, el gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñes, alertaba de que «la ratio de participación valenciana en la licitación nacional apenas ha variado al pasar del 6,57 % en el año 2019, al 6,52 % del año 2020 y el 6,37 % de 2021, siempre muy por debajo de nuestro peso poblacional (el 10,63 %)».
Una tendencia que ahora confirma la IGAE en su último informe sobre las cuentas de 2021. Aunque al bajar al detalle hay empresas públicas que funcionan mejor que otras. La empresa pública Adif (Administrador de infraestructuras ferroviarias) apenas alcanza el 26,8 % de ejecución presupuestaria en la Comunitat Valenciana: 43,1 millones de los 161 previstos en las cuentas de 2021. Una cifra que es aún más baja en su «hermana» Adif-Alta Velocidad, que sólo ejecutó el 18,6 % del presupuesto: 79,5 millones de los 427,1 previstos. Mejores cifras presenta el grupo Renfe Operadora, que alcanzó el 63,8 % de ejecución: 34,3 millones de los 53,9 millones de inversión inicial. La foto final de 2021 es que de los 642 millones comprometidos para mejorar las infraestructuras ferroviarias valencianas en las cuentas estatales de 2021 sólo se ejecutaron 157 millones, el 24,4 % de lo comprometido.
Plan de Cercanías al ralentí
Y eso que entre las tareas pendientes se encuentra el Plan de Cercanías 2017-2025 de la Comunitat Valenciana que debe ejecutar la empresa pública Adif y que de los 1.048 millones anunciados (1.386 millones si se incluía la inversión de Renfe) sólo ejecutó hasta finales de 2021 un total de 158 millones.
En cartera se queda el grueso de las mejoras reivindicadas para las rodalies valencianas. Adif tiene proyectos «en planificación» por 510,96 millones y otros 313 millones en «redacción». Entre las actuaciones pendientes la reivindicada remodelación de la línea C3 hasta Utiel que se prevé duplicar y renovar desde València-Sant Isidre hasta Buñol, además de electrificarse (los trenes aún van a diesel) hasta Utiel, con una inversión estimada de 320,68 millones de inversión. O el esperado contrato de las obras del canal de acceso a la futura Estación central por 437 millones, que se prevé para mediados de año.
No obstante, cabe recordar que entre marzo y abril la empresa pública Adif pisó el acelerador y licitó obras en el corredor mediterráneo por valor de 218,74 millones de euros y adjudicado contratos por otros 41,3 millones, según Oficina del comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo. Más en dos meses que en todo 2021.
El Gobierno no ha dado explicaciones al bajo nivel de ejecución en la C. Valenciana. Al menos, de momento. Fuentes del Consell aseguraron que el objetivo es realizar ahora un «chequeo» exhaustivo de las inversiones e insistir ante el Ejecutivo central para que agilice lo pendiente. Añaden que el Gobierno ha demostrado su sensibilidad con sus compromisos con la deuda de la Marina de València, el túnel pasante o la doble plataforma València-Castelló, pero que existen «inercias» que llevan a priorizar el desarrollo administrativo de proyectos en Madrid aunque en los presupuestos se «pinten» en otros lugares.
