La gran cruz de la gestión de Mónica Oltra como vicepresidenta del Gobierno del Botànic están siendo los centros de menores, un área que precisamente es la que le ha llevado a la imputación esta misma semana. Especialmente sonoro fue, precisamente, el choque institucional que protagonizó por esta cuestión con el Síndic de Greuges, Ángel Luna. Ahora uno de los últimos informes realizados por esta institución ponía de manifiesto, a finales de mayo, múltiples deficiencias en el centro de acogida de menores de Dénia, perteneciente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la que es titular la lideresa de Compromís.
Un acta de la Fiscalía de Menores de Alicante presentada ante la Sindicatura alertó sobre la deficitaria situación por la que atraviesan las instalaciones de la localidad de la Marina Alta. El informe que elaboró el departamento que dirige Luna constató carencias en aspectos como la inestabilidad de la plantilla de personal técnico educativo, con nueve de sus diez profesionales ocupando puestos interinos, lo que dificulta la consolidación del proyecto educativo; el alto número de incidencias producidas por los niños tutelados del centro; la situación de «extrema desprotección» que están sufriendo estos menores; el estado seriamente deteriorado que presentan las instalaciones; o la falta de supervisión y asesoramiento técnico por parte de la dirección territorial de la Conselleria que dirige Oltra.
Tras conocerse la situación de los menores tutelados en el centro público de Dénia, el grupo de Ciudadanos en las Cortes solicitó la comparecencia de Oltra. Según la responsable de Cs en el área de Bienestar Social, María Quiles, la información revelada por la Sindicatura «demuestra la incapacidad de Oltra para seguir al frente de los menores valencianos».
Este nuevo tirón de orejas de la Sindicatura ahonda en el viacrucis que están suponiendo los centros de menores para la número dos del Consell. El punto más álgido de distanciamiento entre Luna y la vicepresidenta se produjo durante octubre del año pasado, cuando el Síndic cargó contra el área de la recientemente imputada por considerar que estaba poniendo trabas a su labor de investigación en los centros. La institución se mostró muy crítica con las intromisiones e impedimentos que estaba recibiendo desde la conselleria y optó por visitar las residencias para conocer de primera mano su situación.
Oltra, por su parte, dejó entrever que estaba sufriendo una persecución, mismo argumento que utiliza en el caso de la gestión de los abusos de su exmarido a una menor tutelada, en esta ocasión achacándosela a la extrema derecha, y acusó a Luna de lanzar «insidias y sospechas» sobre su gestión. La consellera también reprochó a la Sindicatura falta de rigor. El defensor del pueblo autonómico consideró que le resultaba «inexplicable» que los directores de los centros de menores y la propia conselleria no mostraran colaboración. El pulso, que ya pasó a ser directamente entre el Síndic y Compromís, se prolongó durante todo el pasado octubre, entre continuas acusaciones de injerencia y boicot.
La web de la Sindicatura de Greuges ha incorporado esta semana un apartado con las entidades que no colaboran, para que todos los ciudadanos puedan pinchar y comprobar quién no está cumpliendo con sus obligaciones. Entre esas entidades se encuentra la Conselleria de Igualdad. Durante la última comparecencia que ofreció, Luna también es cierto que reconoció el trabajo que se está realizando desde el área de Políticas Inclusivas para solucionar sus «cuellos de botella» y señaló que es «lógico» que la mayoría de quejas estén relacionadas con el departamento de Oltra, porque es el que gestiona las necesidades de los vulnerables.
