La proposición de ley valenciana de Prevención de Residuos y Fomento de la Economía Circular ya está lista para aprobarse en el pleno de las Corts Valencianes tras el verano.

La cuenta atrás empieza 18 meses después de que el Botànic presentara el borrador, que después tuvo que paralizar hasta que se aprobó la ley estatal. Este lunes ha salido adelante en la comisión de Medio Ambiente la proposición de ley con los votos del Botànic, la abstención de Ciudadanos y el rechazo de PP y Vox.

La gran novedad es que el Botànic ha pactado, con el visto bueno de los dos sindicatos agrícolas mayoritarios, la Unió y Ava-Asaja, y de la Conselleria de Transición Ecológica, permitir a través de la ley la quema de restos agrícolas.

En la práctica, el acuerdo permite esquivar la ley estatal al sacar de la aplicación de la norma aprobada por las Cortes Generales en abril la quema de los residuos agrícolas, que ya no tendrán en el ámbito autonómico la consideración de residuos, de forma que, bajo determinados criterios, pueden quemarse.

La ley estatal no lo permitía al catalogarlos como residuos, lo que generó una importante contestación en el mundo agrícola valenciano. Los diputados del Botànic aseguran que el acuerdo autonómico dará seguridad jurídica porque un resto vegetal se reutiliza y no es un residuo y pone en manos de la conselleria autorizar la quema cuando lo considere necesario.

Entre agricultores y sindicatos existía gran preocupación una vez que la ley estatal prohibía la quema de cualquier resto agrícola. El Botànic encuentra la vía para que bajo determinadas condiciones se pueda seguir quemando restos de vegetación. El acuerdo del tripartito se ha dado a conocer en la comisión este lunes. La ley valenciana recogerá que, con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales, pero sí con carácter excepcional siempre que cuente con autorización individualizada y quede motivado que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas o, en entornos silvícolas, la de incendios. Esta regulación, recoge la proposición de ley, tiene que incorporarse a los planes de quemas y ordenanzas municipales de forma que se concrete y actualice su aplicación.

También se incluye en la proposición de ley, como novedad, la aceptación de que se pueda proceder a la preparación de los contenedores a través de sistemas electrónicos para la entrada en vigor del futuro sistema de depósito y devolución de envases (SDDR) y se traslada hasta el año 2025 la prohibición de anillas de plásticos por ejemplo en los packs de cerveza, que se sustituirá por elementos más fácilmente reciclables.

También se incluye como enmienda del Botànic que las administraciones autonómica y local deben incluir en el marco de sus contrataciones de compras públicas el uso de productos de alta durabilidad, reutilizables, reparables o material fácilmente reciclable. Se fomentará la compra de productos con la etiqueta ecológica según el reglamento de la UE.

El de este lunes es el penúltimo paso para la aprobación de ley que creará la Agencia Valenciana de Residuos y que podría gestionar 50 millones como ya avanzó este diario. También un Fondo Ambiental y mecanismos de recogida selectiva de envases como el SDDR.

La norma también promueve el consumo de agua del grifo y la eliminación de envases de plástico.

El diputado socialista Paco Gil, la de Compromís, Graciela Ferrer, y la de Unides Podem, Beatriu Gascó han defendido la idoneidad de la normativa.

Gascó ha asegurado que la ley estatal no es suficientemente valiente para llegar al residuo cero, pero que el panorama que abre la futura ley valenciana es totalmente distinto al que existía en 2015.

Recuerda que tramas de corrupción como Brugal nacieron precisamente del descontrol que existía sobre los residuos. La diputada admite que ha pasado mucho tiempo desde que el Botànic presentó la ley pero que no tenía sentido plantearla sin aprobarse la ley estatal, lo que ocurrió el pasado mes de abril.

Elisa Díaz, del PP, ha defendido que la iniciativa del Botànic debió tramitarse como proyecto de ley para garantizar mayor seguridad jurídica y ha visto un sinsentido que la oposición tenga que presentar enmiendas a un texto que ya no existe porque la iniciativa del Botànic es bastante distinta a la propuesta inicial. Díaz rechaza la creación de la Agencia Valenciana de Residuos, que asegura que es un chiringuito más del Botànic, como la Agencia de Energía, la del Cambio Climático o la del Territorio.