El president de la Generalitat, Ximo Puig, asumió este miércoles el retraso del despliegue de los parques fotovoltaicos al admitir que la tramitación burocrática de la Generalitat es «altamente mejorable». El jefe del Consell reclamó «acelerar la agilidad administrativa» tras el bloqueo sistemático de la Dirección General de Paisaje (en manos de Compromís). La Generalitat ha aprobado en dos años 19 proyectos y la patronal valenciana de las renovables (Avaesen) advierte de que solo dispone de cuatro meses para desatascar 433 con 7.000 MW de potencia y una inversión de 5.000 millones. Avaesen y los grandes promotores aseguran que si antes de finales de enero no llega la autorización del Consell perderán los permisos de conexión de Red Eléctrica y tendrán que empezar de cero. El jefe del Consell también cerró ayer el debate sobre una posible prórroga de Cofrentes, que cubre un tercio de la demanda eléctrica valenciana.
Puig hizo autocrítica durante un foro organizado por Europa Press y admitió que el despliegue de las renovables es «altamente mejorable». Sus palabras son un palo de puertas hacia dentro del Consell con especial atención en sus socios de gobierno. Porque aunque PSPV y Compromís compartan labores en las consellerias responsables de adjudicar los proyectos, es en la coalición valencianista donde tienen más dudan de estas infraestructuras por su impacto sobre el territorio. Especialmente en Més, antiguo Bloc, han expresado en numerosas ocasiones sus recelos. De hecho, una vez se aprobó el macrodecreto que agilizaba el aterrizaje de estas instalaciones, varios diputados de Compromís (y Unides Podem) pidieron que las Corts introdujera cambios. Su preocupación era que se redujeran las garantías ambientales y territoriales o la autonomía municipal, al sortear el veto de los ayuntamientos a los grandes proyectos. La semana pasada estos recelos los evidenció Carles Mulet (de Iniciativa) en el Senado al cargar contra el «todo vale» de las renovables y marcó distancias con los grandes proyectos pidiendo que se apueste más por placas de «autoconsumo».
Los promotores apuntan que el bloqueo está en la Dirección General de Paisaje, en manos de Rosa Pardo (Compromìs). El problema es que sobre la autorización de las plantas renovables intervienen tres consellerias: Economía, Transición Ecológica y Política Territorial (donde está la Dirección General de Paisaje). Economía y Transición Ecológica (que está en manos de otros sectores de Compromís) sí que están tratando de impulsar las plantas como alternativa al cierre dentro de 8 años de Cofrentes y al uso de tecnologías contaminantes, pero llevan dos años tropezando con la piedra de Política Territorial.
La Generalitat aprobó hace dos años un decreto ley para impulsar el despliegue de 6.000 MW de parques fotovoltaicos antes de 2030 y evitar la construcción de megaparques en parajes. El decreto fracasó ya que en 2020 no se desarrolló ningún proyecto y en 2021 se conectaron plantas con una potencia de 40 MW. Este año se ha vuelto a aprobar otra normativa para tratar de salvar las reticencias del sector díscolo de Compromís, pero en el primer semestre de 2022 solo se han conectado a la red 3 MW.
Además, el jefe del Consell descartó «falsos debates» sobre la necesidad de mantener abiertas las centrales nucleares cuando el cierre de Cofrentes está previsto para 2030.
